“En abusos vemos una pequeña disminución que nos anima mucho porque creo que es efecto de que la gente se siente observada y sabe que va a ser denunciada, entonces eso desalienta esos procesos”, afirmó la ministra, que si bien no quiso exhaltar demás este hecho, ya que cada abuso es lamentable y no hay que bajar la guardia, sí valoro la importancia del involucramiento de la sociedad para denunciar y vigilar que no se violente a los menores.
“Las denuncias que tenemos son 790 de parte de agentes comunitarios, y de vecinos 1.283 denuncias; o sea, la gente se está involucrando y ya no percibe como problema de otros nomás”, destacó. Es por ello que lanzaron recientemente una campaña de reconocimiento a “protectores voluntarios”, que puede ser cualquier persona que ayude mediante su denuncia o acción a impedir algún tipo de violencia contra los niños, niñas y adolescentes.
“Creo que si nos involucramos, vamos a ir cambiando (la realidad en cuanto a niñez). Al haber mayor involucramiento social y al ver que la persona está siendo observada, hay una retracción. Cuanto menos sabiendo eso, el abusador desiste de esa acción, más aún cuando los niños y niñas saben que pueden contactarse directamente”, enfatizó.
En contrapartida hay otras problemáticas que van en aumento, en lo que refiere a violencia fisica o maltrato por ejemplo. “Los datos más preocupantes son los de maltrato general, que en tres meses tenemos más de 600, casi 700 denuncias en nuestro sistema, que siempre es menor que en el del Ministerio Público”, apuntó.
Otra problemática en auge es la presencia de menores en las calles, que según observan, la mayoría se ven obligados a soportar situación de calle y los peligros que esto representa a consecuencia de la dura situación económica por la pandemia.
“Un censo hecho por nosotros indicó que hay 144 focos en Asunción y Central donde habitualmente se encuentran niños solos o acompañados por adultos responsables (en situación de calle)”, dijo la ministra, y mencionó que la mayoría son personas que no estaba anteriormente asistidas por su institución.
Recordó que anteriormente tenían programas para acoger a los menores en albergues o escuelas cuando sus padres trabajaban o trataban de realizar alguna actividad durante el día, pero ahora, a fin de evitar aglomeración, esto obliga incluso al cese de las clases presenciales al igual que la asistencia a estos niños.
“El 75% de los que están en calle son nueva gente, no de nuestro programa. O sea, son personas que no están en ningún programa social y que por la situación actual están saliendo ahora”, enfatizó a la vez de mencionar que si bien dialogan con los menores y sus padres, la asistencia se ve limitada por las restricciones sanitarias.