Al menos doce observaciones realizó la Auditoría del Poder Ejecutivo a la Caja Bancaria de Jubilados y Pensionados Bancarios (CJPEBA) en un informe emitido el 15 de abril último, en base a documentos y estados financieros de 2019, entre los que se resaltan que la entidad auditada no registró los movimientos en las cuentas de fondo fijo en un periodo de 10 meses, entre febrero a noviembre de 2019, incumpliendo disposiciones legales que rigen la materia contable.
La administración de CJPEBA argumentó que esta situación se dio por la migración de sistemas. En ese sentido, la auditoría recomendó registrar todos los movimientos en el sistema actual y tomar los recaudos para que estos datos estén debidamente expresados en los balances. Otra de las irregularidades detectadas es el registro de una cuenta activa con saldo acreedor. Así el registro de la cuenta activa inmuebles adjudicados negociados en venta figuraba en balance con saldo acreedor de G. 6.768 millones.
En su descargo, la directiva de la referida caja sostiene que están en un proceso de actualización del plan de cuenta y migración del sistema, por lo que la auditoría se mantiene en sus observaciones y sugiere tomar medidas para la correcta exposición de los datos en los balances para preservar la confiabilidad.
Por otra parte, la auditoría observó que la Caja no reveló en sus estados contables las reservas matemáticas, derivadas del balance actuarial que arroja un déficit de G. 1,053 billones.
Sobre este punto, los contralores sostienen que la CJPEBA debe registrar las reservas matemáticas/técnicas de manera a reflejar mejor la situación patrimonial de la entidad y cumplir de esta manera con las disposiciones legales vigentes, además de seguir las recomendaciones realizadas por otros organismos de control como el Banco Central.
También se encontraron diferencias entre los registros de remuneraciones y lo informado en el portal de datos abiertos de la Secretaría de la Función Pública y falta de coherencia interna en el registro de numeraciones. Observaron la cuestionada licitación vía excepción de la contratación de seguro médico.
Finalmente, el informe de la Auditoría sugiere al presidente de la República Mario Abdo Benítez exigir medidas para reorientar la gestión integral de la Caja Bancaria y que se haga un seguimiento de las observaciones, así como la investigación sobre el origen de la causa y responsables de irregularidades detectadas.
A las autoridades de la Caja Bancaria la auditoría recomienda tomar a consideración las observaciones e iniciar procesos investigativos y sancionatorios administrativos a fin de deslindar responsabilidades. También solicitan elaborar un plan de mejoramiento institucional en plazo de 30 días.
Directivos con imputación
Los directivos de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Bancos y Afines, Ángel Chamorro Ortiz, Xavier Hamuy Campos Cervera, José Caballero (actual presidente) y Miguel Oro Domínguez, están acusados por lesión de confianza, en grado de autores.
La acusación del Ministerio Público destaca, por un lado, que los gastos realizados aumentaron en demasía a partir del año 2016, según un informe de 2017, que ascendió a G. 59.851.229.470, y que en el 2018 se ha incrementado a G. 101.432.531.170. El perjuicio total causado a la entidad asciende a G. 2.623.098.082.875.