La ley fue sancionada por ambas cámaras del Congreso en menos de 24 horas a pedido de la Procuraduría General de la República y supuestamente por presión de las grandes farmacéuticas internacionales.
Dicha ley fue aprobada por la Cámara de Diputados el miércoles último y fue remitida al Poder Ejecutivo por el Senado ayer.
El tratamiento en la Cámara Alta se dio durante una sesión extraordinaria en que varios senadores repudiaron que la ley, además de ocultar datos públicos, autoriza el embargo de las reservas internacionales en caso de controversia. El principal expositor de este punto fue el senador Víctor Ríos (PLRA).
En cambio el senador Antonio Barrios (ANR, cartista), titular de la Comisión de Salud, sostuvo que el discurso era infundado e insensible ante la muerte diaria de casi 100 personas.
La senadora Desirée Masi (PDP) admitió que las cláusulas de confidencialidad exigidas por las farmacéuticas eran totalmente abusivas, sin embargo, se mostró a favor para acelerar la llegada de las vacunas.
La legisladora opositora dijo que aquellos países que no aceptan las condiciones de Pfizer, simplemente se quedan sin ese lote.
Ante la controversia, el senador Enrique Bacchetta (ANR, Añetete) propuso un cuarto intermedio para convocar de urgencia al procurador general, Rafael Caballero González, para que explique los motivos del pedido.
A la llegada del funcionario, se inició un cuarto intermedio y bajo la denominación de “Reunión informativa”, no se transmitió el debate. Tras varias horas a puerta cerrada, los senadores retomaron la transmisión de la sesión extraordinaria y aprobaron el proyecto sin mayor debate ni explicaciones a la ciudadanía.
La norma en cuestión modifica los artículos 2º, 3º, 4º y 5º de la Ley Nº 6707/2021. Dicha ley, promulgada solo en enero de este año, “declara bien público la investigación, desarrollo, fabricación y adquisición para la distribución gratuita a la población de las vacunas contra el covid-19”.
Con esta ley prácticamente todo será “información pública reservada” en lo relacionado a la adquisición y distribución de vacunas contra el covid.
Incluso establece que el Ejecutivo podrá tener la facultad de “restringir la información” y que Contraloría y el Congreso deberán recibir los antecedentes de los contratos en forma “confidencial”.