Se trata de cambios a los artículos 2°, 3°, 4° y 5° de la ley N° 6707/2021 que Declara bien público la investigación, desarrollo, fabricación y adquisición para la distribución gratuita de vacunas contra el COVID-19.
La propuesta es polémica porque autoriza al Ejecutivo a ocultar datos públicos, así como el embargo de las reservas internacionales en caso de controversia.
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Además, su acelerado tratamiento fue a pedido de la Procuraduría General de la República y supuestamente por presión de las grandes farmacéuticas internacionales.
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En la sesión extraordinaria del Senado, la senadora Desirée Masi (PDP) admitió que las cláusulas de confidencialidad exigidas por las farmacéuticas internacionales eran totalmente abusivas, sin embargo, se mostró a favor para acelerar la llegada de las vacunas, ante la situación crítica en el país.
La legisladora opositora dijo que aquellos países que no aceptan las condiciones de Pfizer, simplemente se quedan sin ese lote.
Con esta ley prácticamente todo será “información pública reservada” en lo relacionado a la adquisición y distribución de vacunas contra el covid, ya que establece que todos los contratos y servicios estarán exceptuados de los procedimientos de la ley de Contrataciones Públicas.
Incluso establece que el Ejecutivo podrá tener la facultad de “restringir la información” y que Contraloría y el Congreso deberán recibir los antecedentes de los contratos en forma “confidencial”.
La Procuraduría, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Contraloría tendrán acceso a los contratos pero de forma confidencial. Podrán informar a las Comisiones de Salud del Congreso que también manejarán los datos de forma confidencial.