A finales de febrero, cuando ya se comenzaron a percibir las reguladas, el Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam) había anunciado un paro total del servicio para el 8 y 9 de marzo, argumentando que con el aumento del combustible y la caída de la demanda debido a la pandemia no podían seguir operando en condiciones competitivas. Exigió un aumento del precio del pasaje o del subsidio otorgado en compensación del mismo. La medida fue levantada debido a que coincidía con las protestas ciudadanas.
Desde entonces, el servicio no se presta de manera regular y con el fin de “reforzarlo”, el Gobierno dispuso de vehículos de la Policía Caminera y de las Fuerzas Armadas para “garantizar” que la gente llegue a destino, pero eso solo duró un par de días. Además, el presidente Mario Abdo Benítez promulgó la ley que habilita a buses escolares y similares a operar como transporte público, aunque no sirvió, pues esos vehículos no tuvieron incentivos y finalmente no salieron a las calles.
En medio de este ambiente, se sumó el encarecimiento del combustible (que ya se dio en marzo para los usuarios en general, pero congelaron tarifa por ese mes para transportistas) y la renuncia del viceministro de Transporte, Pedro Britos. Hoy se cumple una semana de su salida y hasta ahora no se informó quién lo reemplazará.
Abdo también firmó un decreto para crear el Consejo Asesor de la Tarifa del Transporte Público al verse acorralado por las críticas acerca de que las negociaciones con los empresarios del sector se realizan a puertas cerradas. La comisión está integrada por instituciones públicas y los representantes de gremios transportistas, pero sigue la falta de transparencia pues los encuentros son a puertas cerradas y ni siquiera dieron cabida a la academia, sector que cuestionó que históricamente no se le tenga en cuenta al momento de tomar decisiones.
Cecilia Llamosas, investigadora en política energética y movilidad sostenible del Grupo de Investigación en Sistemas Energéticos (GISE) de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), afirmó que hace tiempo se registran inconvenientes para acceder a información vinculada al servicio de transporte público de pasajeros. Esta situación se podría subsanar ahora con la implementación del billetaje electrónico, que brinda datos certeros vinculados a cantidad de usuarios y kilometraje recorrido, y la existencia del Consejo Asesor de la Tarifa, instancia que podría ser canal de comunicación entre el Gobierno y los estudiosos. Toda vez que esas reuniones sean realmente abiertas.
Medidas “parche” fracasaron
El plan de poner en circulación buses escolares y similares para reforzar el servicio de traslado masivo de personas fracasó. Rolando Martínez, vocero del sector, había explicado que los itinerarios son largos y el precio del pasaje es de solo G. 2.300, con un tope máximo de 10 pasajeros. Así, ni el costo del combustible se cubre, explicó. Añadió que se propuso acortar los tramos o que reciban subsidio, pero hasta el momento no hubo respuesta del Estado.
Mientras tanto, en las principales arterias del Área Metropolitana se pudo observar que personas ofrecen el servicio de manera clandestina, cobrando G. 3.500 por el servicio. Los usuarios, ante la falta de alternativas, terminan tomando estos servicios.
Asegura que urge actualizar cálculo de tarifa
La Confederación de Transportistas del Paraguay (Cotrapar) sostiene que en el corto plazo la inversión pública en transporte debe ser transparentada transfiriendo los recursos de subsidio al pasajero, a través del billetaje. Para este gremio, la reforma del transporte público debe necesariamente cambiar el paradigma de lo que constituye este servicio, de un negocio a un derecho garantizado al ciudadano. Ese cambio traerá un enfoque en la calidad del servicio por sobre la rentabilidad de la operación, defiende el gremio de transportistas. Este cambio de modelo se inicia con la transparencia de costos y de ingresos del sistema, que se logrará con la implementación del billetaje electrónico y la creación del consejo interinstitucional asesor de tarifa.
Consejo otra vez a cuarto intermedio
El Consejo Asesor de la Tarifa de Transporte Público, que se reunió ayer de manera virtual, estableció un cuarto intermedio para seguir analizando las medidas para lograr un equilibrio entre costos y el precio del pasaje, a fin de regular el servicio de traslado de pasajeros. Se prevé que el encuentro continúe hoy, a partir de las 08:30, conforme informó la Dirección de Comunicación del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
El encargado de despacho del Viceministerio de Transporte, Víctor Matto, indicó que ayer se establecieron los coeficientes e indicadores que están vinculados a la estructura de costos sobre los cuales se iniciarían los trabajos y análisis técnicos en reuniones que seguirán realizando.
Requerido referente a más detalles de esos parámetros, respondió que comenzarán por analizar los costos que tienen las empresas de transporte para brindar el servicio.
Teniendo en cuenta que se trata de un servicio público y que la fijación de esos costos son de interés nacional, a cada usuario y contribuyente afecta esa fórmula que define el precio del pasaje del transporte público. Se le insistió en que esas conversaciones sean abiertas y transparentes, a lo que contestó que “se analizan los mecanismos”.
Debido a la situación por la pandemia, la propia reunión del comité siempre fue de manera virtual. Con esta actitud se evidencia la falta de voluntad política por transparentar los procesos que involucran el traslado masivo de personas en el Área Metropolitana.
Diputados trata hoy sanciones
La Cámara de Diputados trata esta mañana a las 08:30 en sesión ordinaria el proyecto de ley que pretende cancelar las licencias, itinerarios y subsidio a las empresas de transporte que hacen “regulada” de buses en plena pandemia.
Esta iniciativa está en el primer punto del orden del día.
Ayer, los diputados miembros de la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Comunicaciones, que preside Hugo Ibarra (ANR, Añetete), recibieron a representantes del Viceministerio del Transporte para debatir la propuesta legislativa. No se oficializó un dictamen sobre el particular, pero según se informó se acordaron ciertas modificaciones.
El proyecto de ley, que presentó el senador Salyn Buzarquis (PLRA), busca rescindir itinerarios y subsidios a empresas de transporte que no cumplan con las leyes vigentes. Es decir, que efectúen reguladas y otras irregularidades como mecanismos de presión.
Los funcionarios técnicos del Viceministerio de Transporte advirtieron a los legisladores que hay cuestiones que hacen al debido proceso y el derecho a la defensa, en cuanto a la aplicación de las sanciones y que son asuntos que requieren una revisión a profundidad, con base en principios constitucionales.
Este proyecto ya fue aprobado en Senado y se incluye de vuelta hoy en Diputados. Recordemos que el martes 30 de marzo pasado, en sesión extra, los colorados (con excepción de Hugo Ramírez) se retiraron de la reunión para dejar sin quórum, a fin de evitar la sanción de un castigo a las empresas de transporte que dejan deliberadamente sin el servicio público a los ciudadanos de a pie, con lo cual se les castiga a los usuarios.