Por mayoría, Diputados aceptó este martes el veto del presidente de la República, Mario Abdo, al proyecto de ley que pretendía que el Congreso controle e incluya dentro del Presupuesto General de Gastos de la Nación el dinero destinado a los gastos sociales de Itaipú y Yacyretá. En los últimos cuatro años, desde 2016 a 2020, Itaipú destinó US$ 447 millones y Yacyretá US$ 53 millones en este concepto, un promedio de US$ 100 millones cada año.
Un total de 40 diputados votaron a favor del veto, 33 en contra y hubo 7 diputados ausentes.
El proyecto había sido sancionado el año pasado, pero el presidente Abdo rechazó el documento con el argumento de que una ley no puede alterar el tratado de las binacionales.
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Con frecuencia, este dinero es usado de forma discrecional por los directores paraguayos de las represas, que auspiciaban concursos de bellezas, intendentes, correligionarios y músicos amigos con el dinero de los gastos sociales que, según los tratados, de hecho, deben usarse para el desarrollo de la red eléctrica de Paraguay.
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La decisión se dio porque diputados cartistas y abdistas acordaron aceptar el veto a solo tres meses de las elecciones internas simultáneas, prevista el 20 de junio. Los opositores aseguran que una mayoría prefiere no transparentar el uso de los recursos de las binacionales, porque quiere que siga el despilfarro de los recursos en privilegios salariales y campañas electorales.
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Derlis Maidana, presidente de Asuntos Constitucionales de Diputados, recordó durante la sesión que hubo dos dictámenes; uno a favor del veto, en mayoría; y otro en contra, en minoría. Personalmente, dijo estar a favor del veto y, en consecuencia, de la falta de control de esa plata por parte del Congreso.
Maidana – legislador cartista– sí instó a las binacionales, casi como un hecho simbólico y forzado, que racionalice los gastos sociales. Colyn Soroka, del abdismo, sostuvo que el dinero de los gastos sociales es clave para su departamento, Itapúa, mencionando el caso de Yacyretá.
El presidente objetó la norma con el argumento de que en virtud a los artículos 137 y 141 de la Constitución las disposiciones de los Tratados de Itaipú y Yacyretá se encuentran por encima de las leyes ordinarias por lo cual modificar sus disposiciones a través de leyes ordinarias implicaría transgredir el ordenamiento constitucional de prelación normativa.