Los nombramientos se dan principalmente entre febrero y marzo, con el argumento de que la Ley Nº 6672, de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2021, autoriza la implementación gradual de una política de desprecarización laboral del personal contratado, que como mínimo tiene cuatro años de servicio ininterrumpido.
El personal contratado de esta manera pasa a ser permanente en la estructura del Estado y recibe todos los beneficios establecidos en el presupuesto, además de liberar cupos para nuevas contrataciones.
Las entidades beneficiarias, por citar algunas, son el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), donde fueron nombradas 40 personas; en la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) 31; en el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia 29; y en el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) 6.
Autorizaron en 2018 y 2019
En los decretos también se argumenta que los nombramientos fueron autorizados por el Equipo Económico Nacional (EEN) y se valen de resoluciones tomadas por el organismo asesor del Ejecutivo entre 2018 y 2019, cuando el país no estaba afectado por la pandemia del covid-19 y, además, el presupuesto es anual.
Los casos citados no incluyen los decretos de nombramientos en cargos de confianza, que en algunos casos son funcionarios que ascienden y, en otros, personas que se incorporan a la función como jefe, director o asesor, entre otros.
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, no aparece en público tras los reclamos que viene realizando la ciudadanía, pero eso no le impide que en su despacho siga firmando decretos para nombrar personal, y más aún ante la proximidad de las internas de los partidos políticos, que se realizarán en junio, y las elecciones municipales, que se llevarán a cabo en el mes de octubre.
Reclamo ciudadano
Los gremios empresariales y la ciudadanía en general vienen reclamando desde hace tiempo una reforma del Estado, el recorte y mejoramiento del gasto público, de los servicios, pero desde el Gobierno poco o nada se hizo hasta el momento, ya que no pasa de los reiterados anuncios de que están preparando proyectos.
La pandemia dejó aún más en evidencia la ineficiencia del Estado, porque no necesita de numerosos funcionarios para operar, sino de la tecnología para dar respuestas a diferentes reclamos de la gente.
Estos reclamos ciudadanos se intensificaron en estos últimos tiempos teniendo en cuenta que todo el sacrificio de la pandemia recae sobre el sector privado, en donde unos 15.000 trabajadores siguen suspendidos en sus labores y este número irá creciendo tras las nuevas restricciones impuestas por el Ejecutivo para esta Semana Santa.
Préstamo para salarios
En cambio, en el sector público se aseguró el año pasado US$ 300 millones del préstamos de emergencia para cubrir los salarios y pagar puntualmente cada mes.
Este año en lo que hace a la administración central (que incluye a los tres Poderes del Estado, la Contraloría y otros organismos del Estado), se prevé destinar para el pago de salarios G. 18,2 billones (US$ 2.822 millones al cambio vigente).
La ley de presupuesto 2021 tiene asignado 312.496 cargos distribuidos en todas las entidades de la administración central y entidades descentralizadas, a lo que se suman unos 50.000 contratados, de acuerdo con los números manejados.
Viene desde el año pasado
En diciembre del año pasado había salido a luz que la Presidencia de la República dispuso el nombramiento de más de 30 personas, inclusive los decretos fueron firmados en los días 24 (víspera de Navidad) y 31 (último día del año), en medio de los reclamos que se realizaban desde el sector empresarial para una mayor apertura de la actividad económica, dentro del marco de la cuarentena establecida para combatir el covid-19. Los nombramientos nunca pararon, ni con la pandemia.