Los denunciantes señalan que la fiscala Acuña, como representante de la sociedad, tiene en sus manos el deber y obligación de impulsar el proceso penal por corrupción pública contra Escobar Amarilla, por supuestamente haber desviado más de G. 12.000 millones del patrimonio del Estado.
El 4 de marzo de 2014, la Fiscalía imputó a Escobar Amarilla, Carlos Esquivel y Leoncio González, por lesión de confianza. El 1 de agosto de 2014, la Fiscalía acusó y solicitó juicio oral, pero debido a los recursos dilatorios de los procesados, la causa fue paralizada en varias ocasiones. Empero, dicen los denunciantes, la fiscala no articuló los mecanismos para destrabar el caso y el 15 de diciembre pasado el juez Raúl Florentín rechazó la prescripción, pero la Cámara revocó la resolución el 25 de febrero.