El proyecto de ley que modifica el artículo 107 de la Ley 1160/1997 del Código Penal, referente al homicidio culposo, fue aprobado por amplia mayoría de votos, esto pese a la oposición de la Comisión Bicameral de Reforma del Sistema Penal.
El diputado Rodrigo Blanco (PLRA), autor del proyecto de ley, cuestionó la irresponsabilidad de conductores alcoholizados que provocan accidentes de tránsito con derivación fatal.
Recordó que en diciembre del año pasado sancionaron la ley de Seguridad Nacional de Tránsito donde se establecían los niveles para las pruebas de alcotest como en los análisis de sangre.
El artículo 107 del Código Penal establece: “El que por acción culposa causare la muerte de otro será castigado con pena privativa de libertad con 3 a 5 años o multa”.
El proyecto de ley, sin embargo, propone que en los casos de accidentes de tránsito que genere una imputación por homicidio culposo, y que ese accidente haya tenido una derivación fatal porque el que conducía un vehículo estaba en estado etílico superando el nivel de 0,800 y en análisis de sangre de 1,600 para arriba, el castigo en el marco penal de la pena sea elevado hasta a ocho años, indicó.
Según el diputado, la realidad es que la mayoría de los casos que tienen derivación fatal finalmente concluyen en que no se produce la reparación del daño a la familia que queda afectada.
Blanco señala que los representantes de las instituciones emitieron dictámenes en contra del proyecto aduciendo que el Código actual ya prevé la sumatoria de dos tipos jurídicos y que con ellos se puede llegar a 7 años y medio, mientras que el proyecto plantea llegar a ocho.
“Lo que hacemos en realidad es elevar a ocho años para que en el caso de que una persona que toma el volante de un vehículo y de manera irresponsable produce una derivación fatal concretamente deba ir preso, eso es lo que miles de víctimas reclaman”, enfatizó.
El dictamen
La diputada Rocío Vallejo (PPQ), presidenta de la Comisión de Reforma del Sistema Penal, aconsejó el rechazo del proyecto de ley. Habló de argumentos técnicos del rechazo al proyecto de ley.
Indicó que la elevación del mínimo de la pena propuesta no soluciona el problema, ya que la reparación del daño está prevista para los hechos culposos. “El único que va a ir preso es el que no va a tener para arreglar”, enfatizó, al señalar que al establecer un aumento del mínimo de la pena significa que la persona irá a la cárcel.
Mencionó que Defensa Pública, Corte, Ejecutivo y Cámara de Senadores dictaminaron por unanimidad por el rechazo a través de sus instituciones.
Legislar por la mala praxis
La diputada Rocío Vallejo (PPQ), presidenta de la comisión bicameral de Reforma del Sistema Penal señaló que no pueden legislar en base a la mala praxis ante la falta de aplicación de las normas que permiten llegar a la pena máxima.
“Estamos en contra de legislar en base a la mala praxis, y actualmente lo que puede ocurrir es una mala praxis de no aplicar de forma conjunta dos artículos que permite llegar a una pena de 7,5 años. No se aplica, pero no podemos legislar en base a la mala praxis y tampoco es seguro que esto se aplique correctamente”, dijo la parlamentaria opositora.