Fiorotto recordó que ya la Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Asunción recomendó a través de un dictamen aprobar la condonación de deudas que generaron los cánones de las casas de juegos de azar en la capital desde el 12 de marzo hasta el 31 de diciembre de 2020. Indicó que la semana pasada lograron evitar que el pedido corra gracias a un empate de 12 votos, pero el asunto volvió a la Comisión de Hacienda.
El concejal de Asunción lamentó la intención y estimó una pérdida de G. 14.000 millones en caso de que sea aprobada esta iniciativa, lo cual no solo perjudicaría a las arcas del Municipio, sino también a la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben), considerando que por ley el canon de dicho rubro debe ir a parar a dicha institución.
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“Estamos en presencia de un despojo económico extraordinario que se pretende hacer”, enfatizó en contacto con ABC esta mañana. El edil indicó que son sus colegas del oficialismo quienes votaron a favor de la iniciativa y solo necesitan una persona más para poder mandarla al archivo.
“Evidentemente, es un atropello a las arcas municipales, es un despojo a los intereses patrimoniales de la Comuna. (Imaginen) todo lo que se puede hacer con ese dinero en materia de infraestructura, además de transferir el dinero correspondiente a la Diben; es más, la Municipalidad le está debiendo cerca de G. 7.000 millones a la Diben”, cuestionó.
Aseguró además que es injusto y viola el derecho constitucional de la igualdad, debido a que si se condona el canon municipal a un solo rubro, también deberían hacerlo a toda la ciudadanía que fue duramente golpeada por la pandemia del nuevo coronavirus el año pasado. En ese sentido, señaló que ello es imposible, porque ya muchos se han puesto al día, mientras que este gremio busca evitar pagar su deuda pendiente.
Cabe recordar que la Asociación Paraguaya de Empresarios de Juegos de Azar (Apeja) envió el año pasado una nota a la Intendencia de Asunción para solicitar que se les exoneren los cánones que deben pagar a la Comuna capitalina. Establecieron el periodo desde el 12 de marzo hasta el 31 de diciembre de 2020, alegando que dejaron de trabajar por la pandemia y que el puesto de muchos empleados está en riesgo.
La Asesoría Jurídica de la Intendencia recomendó el estudio de este pedido a la Junta Municipal a través de un dictamen con fecha 30 de diciembre de 2020.
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