Al respecto, Diego Marcet, director jurídico de la Seprelad, destacó que las amenazas del terrorismo para el país se dividen en dos ejes: por un lado, las amenazas de actos terroristas locales y amenazas de actos terroristas internacionales.
También abordó sobre el análisis de los procesos de recaudación de fondos (lícitos o ilícitos), análisis de las capacidades de los movimientos de fondos y activos para financiar actividades terroristas, la posibilidad de almacenamiento de fondos y activos de estas actividades y la dinámica de uso de esos fondos, entre otros puntos.
Por su parte, Franklin Boccia, intendente de Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo del BCP, puntualizó sobre la relevancia del enfoque basado en riesgo como piedra angular del sistema de inteligencia.
Explicó que el mismo se reconoce como el más efectivo para diseñar los procesos y estructuras de las entidades para prevenir y mitigar los delitos de alta complejidad como los relacionados al terrorismo. “El documento de la evaluación nacional de riesgo permite a las autoridades no solamente diseñar políticas adecuadas e implementar acciones coherentes en base a los hallazgos, sino que permite a los sujetos obligados y supervisores a recalibrar la gestión de riesgo”, enfatizó. En este sentido, destacó que los sujetos obligados actualmente deben calificar sus riesgos con base a criterios establecidos por el Gafilat y recogidos por las normativas emitidas el BCP.