“Nuevamente, con documentos demostramos que el combustible subió para las empresas de transporte, a pesar de que muchos emblemas dicen que no ha subido”, afirmó ayer a ABC el titular del Centro de Empresarios de Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), César Ruiz Díaz, a modo de justificar la supuesta “incapacidad material de seguir prestando el servicio en condiciones competitivas”.
Aquel gremio decidió parar totalmente el servicio de sus asociados el 8 y 9 de marzo para presionar por el aumento del precio del pasaje o del monto del subsidio estatal que recibe el sector desde el 2012.
Sin embargo, el supuesto ajuste del precio de combustible que menciona queda desmentido, una vez más, conforme a las declaraciones del propietario de emblemas de combustibles Blas Zapag. Si se produce un aumento del valor del pasaje no es por el combustible, reiteró ayer, al momento de explicar que las facturas salen con el valor que se cobra al público en general, tras el reciente aumento, pero que en la práctica, a transportistas les cobran el precio viejo, y que eso se contrarresta con boletas de crédito.
Incluso, el vocero de la Única Central de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Ucetrama), Ignacio Cárdenas, reconoció días pasados que los transportistas acceden al diésel tipo III a tarifas menores de las que figuran en las facturas, documentos a los que Ruiz Díaz alude para argumentar su exigencia de ajuste de precios porque “no cierran los números para seguir operando”.
Los empresarios del transporte público del Área Metropolitana desde el 2012 (gobierno de Fernando Lugo) reciben subsidio del Estado por una estimación de boletos vendidos en cada firma (y no por venta real), “en compensación” por el precio del pasaje. Al cierre del 2020, el sector recibió casi G. 400.000 millones (US$ 60 millones al cambio actual).
Ahora, con la implementación del billetaje electrónico se sincera una de las variables de la tarifa del pasaje, que es la cantidad de pasajeros. Los cálculos estimados indicaban que 638 personas se trasladaban cada día en cada bus convencional y 407 en el diferenciado; mientras que en la actualidad, con el cobro electrónico se evidenció que son 310 y 330 usuarios, respectivamente.
De esta manera, los transportistas recibirían menos dinero estatal, y coincidentemente les urge un “ajuste de tarifa” evitando responder por la transferencia irregular que sistemáticamente habrían recibido cada mes y durante años, dinero producto del pago de impuestos.
Gobierno, en silencio
El encargado de informar sobre las negociaciones con los empresarios es el viceministro de Transporte, Pedro Britos, quien ayer no contestó llamadas ni mensajes, una vez más. Esta falta de transparencia caracteriza a su gestión y niega información sensible incluso a la Cámara Baja, que aguarda reportes sobre el subsidio a transportistas desde noviembre del año pasado, pese a que está obligado por la Ley N° 5282/14 a responder.
Al cierre de esta edición, ni voceros de los transportistas ni del Gobierno dieron novedades sobre el tema.
Oculta datos de forma sistemática
El Viceministerio de Transporte, a cargo de Pedro Britos, no informa a través de su página web acerca de los subsidios pagados en lo que va del año ni desde el inicio de su implementación, en 2012. Tampoco los criterios técnicos para otorgarlos y los controles aplicados, los contratos firmados con las concesionarias, sus itinerarios y sus respectivas flotas ni número de pasajeros que trasladan y kilometraje recorrido por los usuarios que utilizan el servicio público para desplazarse, datos que dispone con la implementación del billetaje electrónico.