Empresarios prestadores del servicio de transporte público entregaron una serie de facturas al Viceministerio de Transporte en que supuestamente figura un encarecimiento del diésel tipo III, con el objetivo de sumar elementos que apunten a un ajuste de la tarifa del pasaje, o bien, del monto de subsidio que reciben del Estado. Fueron varios documentos, pero principalmente los comprobantes de compra de combustible, en los cuales se puede apreciar un mayor valor (al menos en los papeles), en contra de lo afirmado por el sector.

Zapag fue consultado nuevamente al respecto y se ratificó en que se trata de una mentira. Explicó que por una cuestión del sistema figura el nuevo precio, pero los clientes transportistas tienen el precio anterior. Explicó que se realiza una nota crédito para saldar esa diferencia que figura en la factura. Requerido acerca de esa nota de crédito, mencionó que es un documento interno y una cuestión de negocios con el cliente.

“Para nosotros no tiene sentido. Incluso, enviamos las facturas y demás documentos al Viceministerio de Transporte. Digan lo que digan (los empresarios) para nosotros no tiene sentido porque el precio no se ajustó, al menos para marzo”, expresó a ABC esta mañana. Resaltó que el precio del combustible no es argumento para sostener que es la causa del pedido de aumento del precio de pasaje o del subsidio.

Estas declaraciones coinciden con lo mencionado por el representante de la Única Central de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Ucetrama), Ignacio Cárdenas, quien reconoció días pasados que el sector obtiene precios menores a los que figuran en los documentos.

“En algún momento, el combustible estuvo a G. 3.000 el litro, negociando fuertemente, estuvo a los G. 3.800 más o menos, y lo que figura en la planilla es 4.200 y es lo que figura en la planilla″, expresó. Las declaraciones las brindó a modo de justificar que es necesario el ajuste, debido a que varió la cantidad de pasajeros, una de las variables que repercuten en la tarifa.

Van cambiando el discurso...

Otro gremio que solicita ajustes es la Confederación de Transportistas del Paraguay (Cotrapar). El titular, Alejandro Zuccolillo, no dio como argumento el precio de los combustibles, sino la reducción de la demanda de los boletos, consecuencia de la pandemia.

“El Gobierno dice que el sistema de transporte genera US$ 11 millones por mes y que de ese monto subsidia US$ 1 millón. Según el billetaje electrónico, el sistema, aún impactado por la pandemia, genera US$ 4,5 millones. Así se revela que hay un faltante de US$ 6,5 millones que deberían pagar adicionalmente los pasajeros o el Estado, que es el que fija el precio por decreto”, dijo.

Sin embargo, el año pasado, justamente por la pandemia, los transportistas recibieron mayor subsidio.

Los datos de Cotrapar indican que en diez días del cobro con billetaje electrónico, los empresarios vendieron 402.600 boletos, que no incluyen a los estudiantes y que es la mitad de la demanda habitual, por eso reclaman ajustes.

Sin embargo, el gremio que dio un ultimátum al Gobierno del presidente Mario Abdo Benítez con amenaza de paralizar el servicio del transporte público es el Centro de Empresarios de Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), este 8 y 9 de marzo, si no se aumenta el precio del pasaje o el monto del subsidio que les otorga el Estado desde 2012 (gobierno del expresidente Fernando Lugo). El vocero del gremio es César Ruiz Díaz y dio sólo esas dos alternativas para evitar el paro.

La indefinición del tema mantiene en vilo a los usuarios del transporte público, puesto que se trata de un impacto directo en la economía familiar, sobre todo en estos momentos en que se apunta a superar la crisis económica del país.

¿Privilegiados porque apoyan a políticos?

En caso de que el Gobierno acceda a brindar más recursos en concepto de subsidios, se daría, paradójicamente, en momentos en que la recaudación estatal cayó estrepitosamente y miles de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) quebraron, sector que representa el 90% del tejido empresarial. Es decir, una mayoría ciudadana se encuentra realizando enormes esfuerzos por obtener ingresos, mientras transportistas son beneficiados con subsidios y trato diferenciado.

Coincidentemente, son los transportistas los que apoyan a numerosos políticos en las sucesivas elecciones, en la logística y traslados. Muchos de ellos precisamente ya están en campaña por el año electoral, lo que agrega al análisis otro elemento de presión que podría terminar perjudicando a la ciudadanía si el Gobierno decide ceder y termina aceptando o más subsidio o mayor tarifa del pasaje.