Mientras un alto porcentaje de las familias trabajadoras viven en casas o piezas alquiladas, lejos de sus puestos laborales y tropiezan con la burocracia para acceder a un crédito hipotecario para tener su casa propia, el Estado hace en parte vito con los tributos para premiar a aquellos ocupantes ilegales que en cada crecida del río u otro siniestro se reubican y destrozan espacios públicos.
Tal es el caso de las 96 familias que vivían irregularmente sobre la antigua Avenida Costanera. Estas subieron a las plazas de Armas, Salazar e Independencia tras el gran incendio desatado en Navidad que había consumido sus precarias viviendas y parte del Cabildo.
Pero lejos de solucionar la cuestión de fondo y evitar este tipo de invasiones, las autoridades preparan un estratégico lugar y un nuevo plan habitacional para reubicar a estas personas.
Al respecto, el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) aguarda que la Municipalidad de Asunción ceda las 2,5 hectáreas que se precisan para ejecutar el proyecto de 96 viviendas. Cada casa costaría alrededor de G. 75 millones y la totalidad casi US$ 1 millón.
Así lo explicó el titular del MUVH, Carlos Pereira, quien comentó que estas familias condicionaron en una asamblea que las viviendas a ser edificadas no estén “a más de 10 kilómetros” de la Chacarita. Respecto al financiamiento, dijo que todavía no se determinó si se emplearán recursos del ministerio o se verá algún otro fondo. Al ser consultado si estas familias abonarán algo por estas viviendas, refirió que está la posibilidad de que el Estado absorba el 100% o que solamente una parte sea subsidiada.
De momento, el ministerio espera la ubicación por parte del municipio para realizar los análisis de suelo y centrarse en el proyecto arquitectónico. “Debe ser una zona alta, que está refulada”, dijo.
Mientras, el intendente de Asunción Óscar Rodríguez se pasa diciendo que busca evitar la ocupación de espacios públicos, pero la institución a su cargo facilita baños portátiles y víveres a los que ocupan estos lugares.