Otro supuesto caso de extorsión salpica a las fuerzas del orden, esta vez a cuatro policías de la Comisaría 19° Metropolitana, según informó la comisaria María Elena Andrada, jefa de la Relaciones Públicas de la Policía Nacional. Supuestamente los uniformados pidieron una suma de dinero a un ciudadano para liberarlo de un proceso judicial por violar las restricciones horarias impuestas por decreto presidencial.
La fiscala María Irene Álvarez no dio los nombres de los oficiales involucrados ni de la víctima, debido a que la investigación está en curso y ajustándose al principio de presunción de inocencia de los presuntos extorsionadores, según refirió.
“Lastimosamente tengo la ingrata misión de estar comunicando un nuevo caso en el que se ve salpicado personal policial o sea compañeros de nuestras filas”, señaló Andrada.
Comentó que el hecho se registró el pasado jueves 4 de febrero en horario de la madrugada. La situación fue denunciada por el afectado al director de la Policía y en base a ello se inició con la investigación.
Conforme detalló, el denunciante se desplazada en su vehículo fuera del horario permitido por el decreto presidencial, fue detenido en la vía pública y los uniformados aparentemente le dijeron que el hecho configuraba una falta muy grave, con una expectativa de multa muy elevada y también un proceso con el Ministerio Público. Para evitar este proceso, los agentes le pidieron una suma de dinero. Todo señala que el dinero fue entregado por la víctima, según mencionó.
Luego de la denuncia, se dio participación al Ministerio Público y a la Dirección de Asuntos internos para las diligencias de rigor.
Andrada explicó que se da a conocer el hecho debido a que “es postura del Comando Institucional la política de ‘tolerancia cero’”. Resaltó que anteriormente se esperaba al resultado del proceso ordinario para tomar medidas contra el personal policial, pero actualmente en la institución si se corrobora fehacientemente la participación policial en los ilícitos, pueden ser dados automáticamente de baja.
Un oficial jefe, un oficial subalterno y dos suboficiales serían los involucrados, contó.
Por su parte, la fiscala Álvarez señaló que por la presunción de inocencia del personal policial no van a facilitar aún la identidad de estos.
También indicó que por una cuestión de resguardo evitarán dar datos de la víctima, esto más que nada para que la ciudadanía se sienta en libertad de hacer sus denuncias. Tampoco quiso mencionar la cantidad de dinero que fue requerida en la extorsión.
Mencionó que actualmente están recolectando información y elementos probatorios para tomar las decisiones pertinentes, en el caso de configurarse un hecho punible. Aseguró que cuentan con indicios que señalan que pudo registrarse el ilícito entre ellos grabaciones de cámaras de seguridad, registros bancarios y declaraciones de testigos.
Si bien los agentes policiales no están en prisión preventiva, en estos momentos se encuentran en la Comandancia de la Policía Nacional, en la Agrupación de Seguridad. No están disponiendo de su libertad, y cumplen servicio interno dentro de la Comandancia, explicó Andrada.
Agregó además que desde la Fiscalía solicitaron imágenes de circuito cerrado e informes al banco utilizado por la víctima sobre la extracción realizada y en qué horario.
Recordó a la ciudadanía que, en caso de falta al decreto sobre circulación en el marco de la pandemia del COVID-19, la Policía solamente puede labrar acta sobre lo sucedido. No puede retener a la persona, cobrar multa ni retener el vehiculo.
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