Diputado promete revisar proyecto que arriesgaría fondos del IPS

El diputado cartista Derlis Maidana prometió evaluar el proyecto de ley que toca los recursos del IPS para cubrir el subsidio a comercios de ciudades fronterizas con Argentina, en donde los legisladores podrían disponer de hasta US$ 10 millones del saldo de la Ley de Emergencia. La medida sería inconstitucional.

Movilización de comerciantes de Itapúa en reclamo de subsidios. (Foto ilustrativa).Archivo, ABC Color
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En sesión extraordinaria, Senadores aprobó con modificaciones, el miércoles último, un subsidio extraordinario para los comerciantes de la frontera con Argentina. En el plan original que fue aprobado por Diputados, el subsidio estaba dirigido a cinco ciudades: Encarnación, Alberdi, Puerto Falcón, Nanawa y Ayolas.

Sin embargo, en la versión Senado se agregaron 11 distritos. Además, aprobaron que estos subsidios (unos US$ 10 millones) sean financiados con parte del remanente que se dio al IPS en el marco de la emergencia sanitaria. El proyecto pasó nuevamente a Diputados.

“Era un proyecto inicialmente para Encarnación, pero luego fue extendiéndose. A lo mejor atenta contra el principio de igualdad, pero se hizo para determinados sectores. Varios programas del Estado fueron aplicados en determinadas zonas”, dijo Maidana en conversación con ABC.

El legislador dijo que los recursos que se usarían de un fondo de saldo no ejecutado de la Ley de Emergencia. Cuando se le consultó por qué usarían dinero de IPS, dijo que, según él comprende, se trata de fondos del programa Pytyvõ.

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“La Comisión Permanente debe convocar a la próxima sesión (para tratar las modificaciones del Senado)”, indicó Maidana, al tiempo de manifestar que el intendente de Encarnación, Luis Yd, está haciendo “un poco de lobby por esta cuestión”.

Pedro Halley, gerente de Prestaciones Económicas de la previsional, afirmó que es absolutamente inconstitucional tocar estos fondos para otros fines que no sean el beneficio de los asegurados.

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Halley mencionó que los recursos del IPS no deben desviarse de los fines específicos, que es cubrir estrictamente a los asegurados, hecho que está garantizado por la carta orgánica, y pasarla por alto sería inconstitucional, advirtió.

Los recursos transferidos al IPS en el marco de la Emergencia (US$ 100 millones) fueron otorgados como parte de pago de una deuda histórica del Estado con la previsional. Es decir, los recursos pertenecen al IPS o, en todo caso, a los trabajadores formales y pensionados que están aportando mensualmente.

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