La implementación de la obligatoriedad de las tarjetas para el pago electrónico del pasaje en transporte público se postergó una vez más. El plan era que el pasaje comience a pagarse exclusiva y obligatoriamente con este sistema a partir del 1 de febrero, pero el calendario fue postergado para el 17.
El ministro de la Sedeco, Juan Marcelo Estigarribia, se mostró indignado por esta nueva postergación y afirmó que no descarta iniciar un nuevo sumario a las empresas proveedoras por ineficacia en la provisión del servicio.
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Si bien ahora fue promulgada la ley que prohíbe la reventa de las tarjetas, entre otras irregularidades, el titular de la Sedeco manifestó que su institución no requiere de esta ley para accionar con sanciones, pues en la reglamentación anterior con que se venían manejando ya está subsumida la posibilidad de sumariar y aplicar multas a las empresas por la baja calidad de su sistema y la falta de seriedad para hacer funcionar un servicio para el cual firmaron un contrato con el Estado.
Ya fueron multadas antes
Estigarribia recordó que las empresas ya fueron multadas a finales del año pasado, con 1.000 jornales cada una, justamente por los vicios que tiene el mecanismo de trabajo que ofrecen, que ocasionó que la gente forme largas filas y se aglomere poniendo en peligro su salud el pasado 23 de octubre, cuando se implementó por primera vez la obligatoriedad, que resultó ser un fracaso y se pospuso.
La nueva Ley 6.686, promulgada por el presidente de la República, sanciona las irregularidades en la venta y recarga de las tarjetas de billetaje electrónico. Quienes intenten comercializar las tarjetas a un precio superior a los fijados oficialmente se exponen a sanciones legales y económicas. Podrían ser multados con un monto que va de 10 a 100 jornales mínimos, dice la nueva normativa.
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Pueden actuar de oficio
Estigarribia subrayó que la Sedeco además está facultada a actuar de oficio si observa flagrancia en infracciones. “Hemos remitido al Ministerio Público las infracciones y referenciado dónde están ubicados los vendedores informales”, contó el ministro.
En cuanto a las medidas correctivas que se impuso a las empresas firmas EPAS (Jaha) y TDP (Más Tarjeta) tras el sumario, el ministro señaló que ahora tienen la obligatoriedad de asegurar la trazabilidad de las tarjetas. Además, la Sedeco les ordenó que se vendan tarjetas en los transportes, para que pasajeros que no tengan el plástico puedan adquirirlo dentro del colectivo y así evitar las filas que hubo en la primera experiencia de implementación.
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Como tercera medida, la Sedeco les obligó a que garanticen la venta y recarga del saldo de las tarjetas con agentes autorizados.
“Al principio, los quinieleros se negaban a hacer recargas a los usuarios que se veían con ese problema”, recordó el ministro.
“Tenemos una fecha de implementación; si para esa fecha no se subsanan los inconvenientes, volveremos a sumariarlas y las sanciones serán más severas, incluso en lo pecuniario”, advirtió Estigarribia.
Resolución nueva podría estar en 30 días hábiles
Agregó que, no obstante al plazo que tienen para la implementación obligatoria del sistema, la Sedeco continuará monitoreando la venta y recarga de saldo.
Según adelantó el ministro, la Sedeco estaría en condiciones de sacar una nueva resolución de sumario en aproximadamente 30 días hábiles
“Estamos recabando documentales. Nos pusimos como meta la última semana de enero para la apertura de sumario administrativo y la resolución en 30 días hábiles. Queremos tener todas las pruebas a fin de que todo sea contundente y no refutable”, especificó Estigarribia.
Las reventas y cargas inferiores al monto pagado se pueden denunciar al correo reclamos@sedeco.gov.py o a través de www.sedeco.gov.py, haciendo clic en la casilla de reclamos. Es importante agregar una copia de cédula, una factura o boleta legal de la compra y un breve relato de lo denunciado.
Las multas por reventa pueden ir de 10 a 100 jornales mínimos según reincidencia, comportamiento, etcétera.