El Instituto de Previsión Social (IPS) vuelve a la carga con una nueva licitación millonaria para la adquisición de servicios de seguridad privada.
El ente pretende destinar G. 37.764 millones por un año de este servicio. Curiosamente, al igual que la millonaria compra de un sistema informático, el proceso licitatorio se realizó durante las últimas semanas de diciembre, ya cuando la atención pública estaba en las festividades de fin de año.
Si bien según consta en la página web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) el llamado a licitación con el ID 385.600 sigue en etapa de evaluación, fuentes de la previsional a las que tuvo acceso ABC Color sostienen que solo es cuestión de tiempo para que se actualicen los datos y aparezca la adjudicación a la firma Organización Watchman SRL.
Watchman está ligada a Óscar Chamorro Lafarja, hijo del exdiputado colorado José Chamorro y “partner” del exsenador liberal Dionisio Amarilla.
Chamorro Lafarja monopolizó durante años los millonarios contratos de servicios de seguridad y vigilancia en la previsional, hasta que en 2019 una nueva adjudicación fue frenada tras verse involucrado en un escándalo de intento de soborno para frenar publicaciones de nuestro diario.
La Contraloría General terminaría confirmando luego que el proceso que había otorgado el nuevo contrato a Chamorro Lafarja estuvo viciado de nulidades y estaba abiertamente direccionado.
Red de empresas
Pero, volviendo a Watchman, la firma que estaría a punto de conseguir el millonario nuevo contrato.
Informes comerciales a los que tuvo acceso ABC Color dan cuenta de que Watchman tiene entre sus directivos a Cristina Alice Genes Barrios. Esta contadora pública también aparece como socia de Óscar Chamorro Lafarja en la empresa Negocios Internacionales & Comunicación SACI y de Servicios, una de las tantas que el colorado cartista utilizó en las últimas décadas para conseguir millonarios contratos públicos.
Organización Watchman SRL, empresa que formó consorcios con compañías vinculadas directamente a Chamorro Lafarja, como Security Service Technology SA (SST), con la que configuraron el Consorcio SSTOW.
Como si todo esto no fuera suficiente, Watchman SRL tiene registrado como su representante legal ante la DNCP a Víctor Martín Pantaleón Cabral Achucarro.
El mismo Cabral Achucarro también aparece registrado en la web de la DNCP como representante legal de SST, la firma con la que Chamorro Lafarja monopolizó los contratos de seguridad con el IPS.
Watchman y el Consorcio SSTOW recibieron unos G. 100.000 millones de contratos con el Estado en la última década.
Direccionado
El IPS no cuenta con servicio de seguridad privada desde que en mayo de 2019, el presidente Mario Abdo Benítez ordenó al entonces titular de la previsional, Armando Rodríguez, que anulara la adjudicación de US$ 28 millones que pretendía entregar a SST y Bullers SA, ambas firmas de Chamorro Lafarja.
Una serie de investigaciones realizadas por ABC Color revelaron graves irregularidades en el proceso que terminó favoreciendo a Chamorro.
El pliego estaba direccionado a la citada empresa de Chamorro Lafarja. Entre algunos puntos llamativos, el pliego establecía que el oferente debe operar un sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV) de una marca específica que es representada en el país por la empresa de los Chamorro.
En Paraguay ninguna otra empresa puede operar ni comercializar la marca de CCTV solicitada por el IPS.
Además, el documento establece exigencias de experiencia en seguridad de hospitales en las condiciones que solo el IPS necesita. Con esto, solo la firma SST podría ser seleccionada, puesto que la misma monopoliza este servicio en la previsional hace una década.
Además, nuestro diario detectó que el IPS estuvo a punto de pagar un sobreprecio de casi el 40% por los servicios de seguridad.
Al SNPP la firma SST le cobra G. 6.168.659 al mes por cada guardia. El contrato es de 24 meses y debe proveer un total de 74 personales de custodia.
En el caso del IPS, SST cobrará G. 117.284.157.418 por la provisión de seguridad física al IPS. El contrato tendrá una duración de 18 meses y la firma deberá proveer 673 guardias. IPS terminará pagando G. 9.681.703 por cada guardia de seguridad. Entonces, la previsional pagará G. 3.513.086 de más por cada guardia.
Confirman irregularidades
Un dictamen técnico de la Contraloría confirma que la licitación para la compra de servicios de seguridad y vigilancia para el IPS estuvo plagada de irregularidades.
Uno de los puntos más llamativos del dictamen señala que hubo irregularidades incluso para fijar el precio de referencia del proceso de licitación.
La Contraloría General de la República detectó como un hecho irregular que el precio referencial establecido por el IPS coincidía curiosamente con el de las ofertas presentadas por las empresas de Chamorro. “Puede concluirse que tanto el precio referencial como el de las ofertas presentadas, provinieron de una misma fuente”, señala el informe.
Otro punto resaltado por el ente contralor es que el pliego de bases y condiciones establecido por la previsional resultaba limitante para la libre e igualitaria competencia.
“Puede manifestarse que evidentemente la licitación se realizó de manera direccionada hacia una determinada firma que se encontraba prestando servicio en la entidad previsional”, manifiesta tajante uno de los párrafos de su informe final el ente de control.