La obra de la pasarela peatonal que pretende conectar el parque Ñu Guasu y el Comité Olímpico Paraguayo (COP) se encuentra en su fase de montaje -casi final- y fue cuestionada por varios sectores sociales debido a que supuestamente presenta defectos que se observan a simple vista. Tras la críticas al MOPC y a la empresa constructora, las instituciones del Estado decidieron consultar sobre los detalles del proyecto, entre estos el proceso de licitación.
Desde el MOPC manifestaron que la obra fue adjudicada sin un proyecto ejecutivo, por lo que el diseño preliminar fue modificado por la constructora, que alegó que con dicho plan se tenía previsto un costo elevado de mantenimiento. Cabe destacar que los ajustes en el planteamiento inicial representan un aumento del monto de alrededor de G. 1.600.000.000.
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Otra de las cuestiones llamativas que se vinculan a la obra fue que el director de Obras del MOPC, José Kronawetter, reveló que Jorge López Moreira, hermano de la primera dama, Silvana López Moreira, participó de reuniones referentes a la pasarela peatonal como supuesto conocido del empresario Juan Andrés Campos Cervera, propietario de Engineering, constructora adjudicada.
El director de Contrataciones Públicas indicó que ayer, miércoles 13 de enero, recibieron una denuncia sobre distintos puntos que hacen referencia al procedimiento de adjudicación de la obra, por lo que solicitaron informes al MOPC sobre la documentación previa a la licitación y a la composición del equipo empresarial que realizó la propuesta.
“Respecto a ese procedimiento, recibimos una denuncia ayer, a través del sistema de protección del denunciante, que habla sobre cuestiones atinentes no al procedimiento, sino a la documentación previa de ese objeto de contratación de la obra. Este sería un elemento nuevo que se incorporaría al pedido de información del Ministerio de Obras Públicas”, sostuvo.
Aclaró que las investigaciones se dan en el marco de la verificación del proceso de licitación, ya que la denuncia tiene un margen penal, de la cual están encargadas otras instituciones del Estado.
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Seguidamente, Seitz indicó con respecto a la falta de proyecto ejecutivo -que supone un direccionamiento de la licitación- que esta cuestión forma parte de la denuncia recibida por la DNCP. Aclaró que, si bien las ampliaciones de las contrataciones figuran en la normativa, deben estar justificadas, ya que no se admite el aumento por la simple solicitud del proveedor.
“Forma parte de la denuncia de por qué las ampliaciones contractuales llegaron al 14%. Si bien la ley permite la ampliación del 20%, deben estar perfectamente justificadas. Las ampliaciones no se dan por aumento de precio porque el proveedor solicita, eso no está autorizado”, expresó.
Agregó que en la investigación que realiza Contratación Públicas se verificará la correlación entre el costo estimado por el MOPC y lo que fue adjudicado posteriormente.
“Forma parte de la investigación lo que el MOPC calculó que iba a salir en base a un diseño estimado y lo que termina licitando. Tiene que haber una coordinación y coincidencia entre lo estimado, lo licitado, lo ofertado y, por supuesto, con los construido. Si hay alguna diferencia entre esos cuatro momentos, entonces se tiene que dar una explicación”, expresó.
Seitz afirmó que las ampliaciones contractuales suelen ser una consecuencia de manejos irregulares de las licitaciones, que son llevadas a cabo sin previo estudio de consultoría.
“Si vemos el valor de las ampliaciones, respecto al valor licitado, siempre están muy cerca del límite de la ley, lo que nos da la pauta que históricamente tenemos el problema de los malos proyectos licitados porque después siempre tienen que ser alterados con repercusión sobre el costo”, expresó.
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Una de las cuestiones criticadas sobre la pasarela peatonal es que el diseño fue extraído del almacén de imágenes de Google, de forma gratuita. Al respecto, el director de la DNCP señaló que revisarán este punto en el proceso de licitación.
Finalmente, Seitz señaló que el MOPC deberá remitir un primer informe dentro del plazo de los tres días desde la solicitud de Contrataciones Públicas. Así también, indicó que en caso de que no se pueda realizar el control de la licitación “estamos ante un problema mayor”.