La Cámara de Diputados, en su sesión extraordinaria de mañana, miércoles, incluirá en su orden del día el tratamiento del pedido de interpelación a Juan Ernesto Villamayor, cuestionado por un escándalo en torno al pago de una deuda de la petrolera con Venezuela.
Así lo decidieron este martes durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso, presidida por el diputado cartista Raúl Latorre.
“La solicitud de llamado a sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados para el tratamiento de la interpelación del jefe de Gabinete Civil ha sido aprobada por la Comisión Permanente del Congreso”, expresó el presidente de la Comisión. Dicha sesión extra se realizará mañana, miércoles, a las 10:00.
Por otro lado, el pedido de interpelación a Denis Lichi, titular de Petropar, no prosperó. Se necesitaban 12 votos de los miembros de la comisión, pero la iniciativa solo reunió 11. “Once votos para aprobar la interpelación; doce son los requeridos para alcanzar dos tercios. El pedido de sesión extraordinaria para tratar la interpelación del presidente de Petropar, Denis Lichi, no reúne los votos requeridos”, anunció Latorre.
Los diputados colorados Esteban Samaniego y Colym Soroka votaron por el rechazo de la interpelación a Lichi. Se abstuvieron el senador liberal José “Paková” Ledesma y la diputada Esmérita Sánchez.
Fueron 26 diputados los que solicitaron interpelar al jefe del Gabinete Civil de la Presidencia y al titular de Petropar luego de que saliera a la luz una publicación del diario estadounidense The Washington Post sobre supuestas negociaciones poco trasparentes en torno a la deuda de la petrolera paraguaya con Venezuela.
El pedido de interpelación al ministro Villamayor incluye 15 preguntas relacionadas a su participación en las negociaciones del “acuerdo secreto” por la deuda de Petropar con PDVSA, por el cual el Paraguay pagaría al gobierno transitorio de Venezuela que encabeza Juan Guaidó.
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Además, al titular de Petropar buscaban hacerle preguntas sobre el acuerdo secreto con la firma Texos SRL, un tema que se hizo público y que generó la dimisión al cargo del entonces procurador general de la República Jorge Coscia, por el cual el Estado paraguayo abonaría la suma de US$ 7 millones, pretextando un acuerdo extrajudicial.