Los 18 miembros de la Comisión Permanente del Congreso se reúnen hoy para fijar una fecha de convocatoria a sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados para tratar dos puntos. El primero es un proyecto de ley mediante el cual se plantea que el personal de blanco que presta servicio al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, pero que tienen contratos con los gobiernos municipales o gobernaciones, pasen a formar parte de la plantilla permanente de funcionarios del ministerio.
Luego, tratarán los dos proyectos de resolución que solicitan la interpelación al jefe de Gabinete Juan Ernesto Villamayor y al titular de Petropar Denis Lichi, respectivamente.
Los diputados de la oposición, entre liberales, del PEN, PQ y Hagamos, firmaron el documento que fue entregado a la comisión argumentando el pedido luego de la publicación realizada por el Washington Post sobre un plan para negociar la deuda de Paraguay con PDVSA que no fue dado a conocer hasta que fue publicado por el medio de comunicación norteamericano.
Cartistas apoyarán
La bancada cartista acompañará el pedido de interpelación a Villamayor y Lichi, informó ayer en su cuenta en Twitter el líder de dicho sector el diputado Basilio “Bachi” Núñez.
Los legisladores mantuvieron una reunión virtual donde acordaron el apoyo argumentando la línea del movimiento “Lo público en público”. De esta manera, de los 43 votos colorados, se tendrán 22 votos cartistas para acompañar la interpelación, más los 26 votos de la oposición. Hugo Ramírez fue expulsado de la bancada cartista el año pasado, y queda por definir a qué sector acompañará. También está indefinido el diputado Ulises Quintana quien ya realizó un acercamiento al cartismo.
Senado
La Comisión también definirá la fecha para convocar a una sesión extra del Senado para que sus miembros puedan analizar un proyecto de ley sobre un subsidio excepcional a trabajadores cuentapropistas, comerciantes y afines de Encarnación, Alberdi, Puerto Falcón, Nanawa y Ayolas. Se contempla un subsidio de G. 3.000.000 por tres meses desde la aprobación de la ley, para comerciantes que tengan el registro único de contribuyentes y patente comercial. Se asigna el pago de G. 500.000 para los trabajadores informales.