El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) -al igual que otras instituciones estatales como el Poder Judicial- mantienen los privilegios a sus funcionarios a pesar de la crisis económica que atraviesa el país, a raíz, mayormente, de la pandemia del nuevo coronavirus.
La institución sigue con el proceso de contratación de un seguro médico integral para sus alrededor de 530 funcionarios, cuyo costo mensual por cada uno es de G. 1.000.000.
Este beneficio es renovado año a año mediante contratos con prestadoras de servicios del sector privado. Mediante la ley de la Función Pública se estableció como tope el pago de G. 1.000.000 por el seguro médico de cada funcionario, monto que nunca es inferior en las cotizaciones de los oferentes.
Para esta contratación específica se presentaron dos empresas: la primera es Docto S.R.L. y la segunda Santa Clara Medicina Prepaga. Ambas firmas hicieron ofertas por el mismo monto: G. 1.000.000 mensuales por cada funcionario asegurado. La diferencia entre estas será determinada por el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de bases y condiciones.
La firma Docto S.R.L. -que contaba con recomendación del Comité Evaluador para ser adjudicada- fue rechaza mediante una resolución esgrimida por el ministro, Luis Castiglioni, por no cumplir con los requerimientos técnicos establecidos.
Es importante destacar que actualmente los funcionarios del MIC se encuentran sin seguro médico ya que feneció el contrato con la anterior prestadora de servicios. No obstante, existe un fondo de ayuda especial en el Ministerio de Hacienda, para otorgar mensualmente la suma de G. 300.000 a cada empleado durante el periodo en el que quede fuera de la cobertura de salud.
Al respecto, el titular del MIC, Luis Castiglioni expresó a ABC Color que dicho proceso licitatorio tuvo origen al mediados del año pasado, cuando aún estaba a cargo de dicha cartera estatal la exministra Liz Cramer.
Comentó que recibió presión por parte de los gremios sindicales de la institución, pero que en todo momento dejó claro que el proceso seguiría su curso normal y que serían evaluadas como correspondían las propuestas de los oferentes.
Igualmente, mencionó que el contrato que se firmará con la prestadora adjudicada es “abierto” lo que implica que se paga por la cantidad de personas que son incluidas en el seguro, es decir, que el monto final a pagar por el Ministerio puede ser inferior a los G. 5.550.000.000 establecido como tope.
Sobre el alto costo que pagan por los seguros para los funcionarios indicó que esto se debe al tipo de cobertura que es requerida y que incluye atenciones para personas con enfermedades de complejidad y otros.
También indicó que en los procesos de licitación en estos rubros que se realicen durante su gestión buscará siempre cumplir con lo establecido en la ley de Contrataciones Públicas.
Por otra parte, indicó que a su parecer lo ideal es que a futuro los funcionarios públicos puedan cotizar en el Instituto de Previsión Social (IPS), como una forma de equiparar la situación laboral y los beneficios recibidos por parte del funcionariado público con los trabajadores del sector privado. “Si vos me preguntás mi opinión, independientemente de esto, lo ideal sería que todos estén en el Instituto de Previsión Social”, aseveró.
Cabe destacar que durante la pandemia, los funcionarios del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) trabajaron en la modalidad de cuadrillas, alternando entre grupos que acudieron a la sede del ministerio y los que trabajaron desde su casa. En algunos casos, por la naturaleza de la labor realizada- muchos no pudieron trabajar desde sus casas, por lo que los días en los que no les correspondía ir al ministerio, sencillamente no trabajaron, todo esto sin descuentos o reducciones en su salario. Este “fenómeno” se registró en varias instituciones públicas.
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