El Registro Nacional de Personas Fallecidas en Instituciones de Privación de Libertad fue elaborado por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, con el objetivo de tener datos confiables que sirvan para la prevención de la muerte en contextos de encierro.
El informe consigna 392 muertes dentro del sistema penitenciario en el periodo 2013-2020. En cuanto a las edades, 171 personas tenían entre 18 y 34 años, mientras que 112 tenían entre 35 y 54. Además, siete eran menores de 18.
Considerando las categorías de responsabilidad estatal, 221 muertes fueron por omisión en la posición de garante del derecho a la salud, 110 por omisión en la posición de garante en las medidas de seguridad preventiva de la violencia entre personas privadas de libertad, 18 por omisión en la posición de garante en la prevención de siniestros y cinco por uso de la fuerza letal por parte de agentes penitenciarios.
El comisionado Dante Leguizamón explicó que al analizar las enfermedades que forman parte de la principal causa de muerte se encontraron que son tratables y los fallecimientos son prevenibles. Mencionó, por ejemplo, las infecciones como neumonía y problemas cardiovasculares.
En ese sentido, resaltó que muchas de las infecciones están relacionadas al hacinamiento, la desnutrición y la pobreza. Por ese motivo se habla de la omisión del derecho a la salud.
“El Estado, por privarle de libertad a la persona, tiene una especial obligación de protección de la vida y la salud de las personas. No tienen los mismos accesos a los servicios de salud porque están privadas de libertad, por eso instamos en todos los casos a que se investiguen las causas de muertes, porque hemos detectado muchísimas deficiencias relacionadas al sistema de salud. Probablemente estando fuera de las cárceles esas muertes podían haber sido evitadas”, resaltó.
En ese sentido, reiteró que desde el MNP buscan que todas las muertes en las cárceles sean investigadas para determinar responsabilidades administrativas e incluso penales.
Por otra parte, detalló que la segunda principal causa de muerte está relacionada a los hechos de violencia que podrían ser evitados dentro de la prisión, si se garantizase el derecho a la seguridad. El suicidio es la tercera causa de muerte en personas privadas de su libertad.
Vea el informe completo:
Falta de registros fidedignos
También se realizó un relevamiento de datos a partir de noticias en los medios de comunicación y se detectaron 10 muertes que no fueron informadas por los departamentos judiciales de las penitenciarías al MNP. Desde esta institución indicaron que se consultó al Ministerio de Justicia sobre estas muertes, pero tampoco se recibió respuesta.
En ese sentido, Leguizamón destacó que la preocupación es por la falta de registros fidedignos con relación a los números de muertes, las causas y hasta las investigaciones que deben realizarse pero no se llevan a cabo.
Confirmó que detectaron que no se abren investigaciones penales en todos los casos de violencia que se generan dentro de las cárceles para determinar responsabilidades.
Finalmente, resaltó que plantean la discusión sobre la división dicotómica “muerte natural” y “muerte violenta”, teniendo en cuenta que no se investigan las muertes relacionadas a la salud.
“Todas las muertes producidas en custodia del Estado deben ser investigadas porque en todas puede haber responsabilidades penales y administrativas”, finalizó.