Ayer, la Cámara de Diputados sancionó la ley que aprueba el crédito de US$ 47 millones para construcción de viviendas sociales, fondos que el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) usará sin control de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
El ministro del ente, Carlos Pereira, dijo este jueves en conversación con ABC que recibió el proyecto ya como herencia de la administración anterior, la de Dany Durand, quien renunció a finales de octubre salpicado por irregularidades en su gestión.
En ese contexto, adelantó que está buscando mecanismos para poder aplicar controles sobre cómo usar ese dinero, permitiendo que todos puedan participar de los proyectos, con reglas claras y estos controles futuros en el momento de adjudicar los proyectos.
“No creo que sea así (que no se controle el uso de los fondos aprobados), eso es algo que yo no conozco. Esto es algo que sale del Legislativo (…) Me encuentro con esta situación que tengo que lidiar. Esta aparente falta de control es lo que me anima a aplicar esta metodología (de control)”, sostuvo Pereira.
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Una de las cuestiones más llamativas que dijo el titular del MUVH fue que él recibió un proyecto impulsado por Durand que prometía la construcción de 7.300 viviendas con esos US$ 47 millones. Sin embargo, los técnicos del ministerio le indicaron que con esa plata solo se pueden hacer 4.000 viviendas.
“Me encontré con una presentación de 104.000 beneficiarios y 7.300 viviendas. Los técnicos me dicen que ese dinero va a servir solo para 4.000 viviendas. Van a ser afectadas muchas comunidades, pueblos originarios. Estoy obligado a hacer una focalización, conocer cuáles fueron los criterios (de aprobación de proyectos).
Esto implicará una reasignación y reorganización, expresó Pereira, quien aseguró que ya recibe presiones de varios sectores políticos y de los potenciales beneficiarios. Dijo además que, si le obligan a hacer cuestiones con las que no está de acuerdo, renunciará.
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“La presión no tiene apellido, es presión de todos los sectores, de toda la gente afectada. Los que más presionan son las personas beneficiadas. No hacemos la inclusión ni la exclusión (…) Si yo me voy a apartar de los criterios, de los principios que a mí me rigen y que me hacen a mi relación laboral, me voy a tener que retirar seguramente”, manifestó.
Por último, cuestionó el porcentaje que cobran los Servicios de Asistencia Técnica (SAT), que presentan los proyectos y reciben el 55% de los fondos para contratar a las empresas para construir las casas, pero sin control alguno.
Adelantó que planteará que solo cobren el 5% de cada proyecto por los trámites administrativos y el servicio social que hacen, reconociendo que esto también le generará muchos enemigos, ya que hay evidencias de acuerdos con “favorecidos” desde el ministerio hacia los SAT.
ABC divulgó casos de injerencia política en las adjudicaciones directas en que los Servicios de Asistencia Técnica (SAT) eligen a compañías cuyos directivos están vinculados entre sí e incluso se evidenció injerencia política cuando el entonces ministro de Urbanismo Dany Durand reconoció que favorecía a su amigo y exdiputado Enrique Pereira Thalmann, cuya hija trabaja en un SAT y eligió a la constructora familiar.