El Poder Ejecutivo avaló la resolución del Consejo Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) por la cual se adjudica la explotación de la quiniela a la empresa Technologies Development of Paraguay SA (TDP SA), propiedad del expresidente Juan Carlos Wasmosy, pese a que contra esa compañía hay serios cuestionamientos de incumplimientos de exigencias para la adjudicataria.
Justamente, las dudas sobre la transparencia del proceso motivaron un pedido de interpelación al titular de Conajzar, José Ortiz Báez.
Mediante el decreto Nº 4452 se oficializó la concesión de la explotación de la quiniela a TDP SA por cinco años más, un proceso salpicado por conflictos, sobre todo por las acusaciones de que la empresa incumplió exigencias legales, como por ejemplo, el pago de parte de lo recaudado en concepto de impuesto, que debía ser para entregar a excombatientes.
El decreto señala que la compañía deberá aportar al Estado un canon de la concesión mensual en guaraníes equivalente a 19,6% sobre la recaudación bruta, especificando que “en ningún caso podrá abonar a la Conajzar un monto inferior al canon de la concesión mínima garantizada de G. 7.500 millones mensuales, monto que será reajustado cada 12 meses a partir del decimotercer mes hasta la finalización del plazo de concesión para la explotación.
Cuestionamientos
La licitación de la quiniela generó un cruce de acusaciones entre TDP SA y el Consorcio B Gaming-Gambling SA, propiedad del grupo Saba. Este último cuestionó que la firma adjudicada reconoció públicamente no haber pagado tributos que formaban parte de las obligaciones de las empresas concesionarias de los juegos de azar. A pesar de esta situación, Conajzar terminó adjudicando nuevamente a la empresa del expresidente Wasmosy, la misma que también explota el billetaje electrónico.
Ante el pedido de la Unión Paraguaya de Veteranos de la Guerra del Chaco (UPV- Chaco) intervino la Contraloría, la cual manifestó que la empresa TDP SA debía abonar los cánones atribuidos de acuerdo a las leyes Nº 431/73 y 4193/10, que estuvieron vigentes hasta el 31 de diciembre de 2019. El ente contralor cuestionó que la Conajzar no haya hecho cumplir el mandato de las normativas legales, además del pliego de bases y condiciones y el contrato firmado con las concesionarias.