El proyecto de resolución que cita e interpela al presidente de la Conajzar fue presentado ayer por los miembros de la bancada del Frente Guasu en el Senado. En concreto, cuestionan a la institución encabezada por José Ortiz Báez su falta de control para velar por el cumplimiento de las obligaciones de las firmas concesionarias de los juegos de azar. En particular cuestionan la deficiencia del control a Technologies Development of Paraguay SA (TDP SA), propiedad del expresidente de la República Juan Carlos Wasmosy.
“El proyecto se fundamenta en que todos los pedidos de informes realizados sucesivamente por esta bancada, respondidos deficientemente, en ocasiones con total falsedad (como el no pago de cinco años del impuesto establecido por ley para (a favor de) los excombatientes, y negarlo tajantemente), cuando la misma Corte Suprema rechazó la acción planteada por TDP. – En otros casos rechazando cumplir con la obligación contractual”, dice el texto de integrantes del Frente Guasu.
Señalan además que igual cosa sucede con el total incumplimiento de su deber de fiscalizar la correcta aplicación del contrato de concesión, y así sucesivamente.
“En casi todos los casos, el feroz y flagrante incumplimiento contractual, la evasión y la falsedad en que incurrió TDP y la total inconsistencia y falseamiento de la respuesta de Conajzar, vuelven necesario e inevitable iniciar un procedimiento de citación e interpelación” (a Ortiz Báez), agrega el documento.
Conajzar es criticada fuertemente debido a que no controló el cumplimiento por parte de las empresas concesionarias de los juegos de azar, de una serie de obligaciones impositivas y de cánones varios.
En el caso particular de la firma explotadora de la quiniela, el ente regulador no requirió nunca la entrega de los comprobantes de cumplimiento del pago de los premios no entregados por no presentarse el ganador, ni del porcentaje que debía ser retenido y derivado a excombatientes de la Guerra del Chaco y sus herederos.
El planteamiento opositor fue derivado a comisiones para su estudio. En caso de ser aprobado, el titular de Conajzar deberá ser citado en un plazo de 15 días posteriores a la aceptación.
Falta decreto presidencial
El Poder Ejecutivo sigue sin emitir el decreto para la promulgación o rechazo de la adjudicación a la empresa encargada de la explotación de la quiniela, el mayor juego de azar en el país.
El gobierno de Mario Abdo Benítez tiene en sus manos desde hace ya meses la resolución de la Conajzar por la que adjudicó a la firma TDP SA, propiedad del expresidente de la República Juan Carlos Wasmosy.
La firma fue la encargada de la explotación del juego de azar desde 2015. El contrato que debía fenecer a principios de año fue ampliado a través de un decreto debido a la pandemia de coronavirus y la ampliación ya terminó.