Ante la llegada de las fiestas de fin de año existe una preocupación de parte de los trabajadores suspendidos en medio de la crisis sanitaria y económica por COVID-19, pues ellos también desean cobrar el aguinaldo que hubieran percibido si no los suspendían.
Sin embargo, Pedro Halley, gerente de Prestaciones Económicas del IPS, explicó que se ve ante una traba, y esta es que en la ley de Emergencia Sanitaria no está contemplado el pago del aguinaldo.
Tampoco en la Ley de Fondos del IPS se habla del pago de un aguinaldo. Por lo tanto, para poder liberar ese dinero, Halley necesita un soporte o argumento legal.
Para eso, realizó la consulta al Ministerio de Trabajo, a la Procuraduría General de la República y al Ministerio de Hacienda, para que ellos den su parecer jurídico y así modificar el artículo 36 de la Ley de Emergencia Sanitaria.
Octavo pago está autorizado
Por el momento, precisó Pedro Halley, el presidente del IPS, Andrés Gubetich, ya dio la autorización para iniciar el octavo pago de las suspensiones económicas. Estos pagos se iniciarán el 10 de diciembre y serán destinados a 20.000 trabajadores que continúan en suspensión.
“Ahí cerramos el año en cuanto a compensación económica sustitutiva del salario. Si a partir de ahí aparece la compensación económica sustitutiva del aguinaldos sería para nosotros un noveno pago. Hemos hecho la consulta al Ministerio de Trabajo, a Hacienda y a la Procuraduría, porque ese noveno pago no está expresamente autorizado en la Ley de Emergencia Sanitaria, que habla de sustitución del salario, no de otros beneficios laborales. Tampoco está en la Ley de Fondos del IPS pagar un aguinaldo anual a los trabajadores. En derecho público, lo que no está expresamente permitido está prohibido, por eso necesitamos esa respuesta de esas autoridades en el sentido de que el decreto reglamentario podría darnos una interpretación extensiva que nos permita hacer esa liquidación en diciembre, o si se necesita modificar la ley de Emergencia Sanitaria en su artículo 36 para que tengamos la autorización legislativa expresa”, explicó extensamente el gerente de Prestaciones Económicas de la previsional.
Añadió que la respuesta de la ministra Carla Bacigalupo ya la tienen, porque, de hecho, la iniciativa partió de la cartera de Trabajo. Ahora solo falta la opinión jurídica de la Procuraduría y del Ministerio de Hacienda.
Pedro Halley remarcó que el dinero está, pero que se necesita el argumento legal para poder proceder a hacer el pago.
Si no se usan, se redistribuirán
Estos fondos disponibles forman parte de los US$ 100 millones que el Ejecutivo había remitido por decreto a la previsional para la ayuda a los trabajadores que fueron suspendidos por sus empresas.
Este dinero fue dado en concepto de una deuda que tiene el Estado con el IPS desde hace años.
De los US$ 100 millones, quedan US$ 35 millones. Si la plata no se usa para el 31 de diciembre, será redistribuida nuevamente al interior de la institución en tres conceptos: 54% irá a Jubilaciones, 7% se destinará a administración (salarios) y 39% se remitirá a fondos de salud.
Situación de trabajadores del Citimarket
En otro orden, Halley se refirió la situación de los trabajadores del Citimarket, que no percibieron ni siquiera sus salarios correspondientes al mes que quebró la empresa.
Sobre esto, Pedro Halley dijo que muchos de los trabajadores de este minimercado, más allá del problema laboral, no estaban en el seguro social.
Esto es debido a una estrategia tramposa de los empleadores que, teniendo 100 trabajadores, solo inscriben a 10, alegando así que con eso ya cumplen la ley, pero por lo bajo mantienen a un alto porcentaje de empleados laborando en negro.