Esta nueva movilización obedece a que el gobierno no cumplió con una parte importante de los acuerdos a que habían llegado para levantar la medida de fuerza que habían iniciado a mediados de octubre, para reclamar kits de alimentos, reactivación económica, gestiones para la reapertura del puente internacional con la Argentina, y un subsidio mensual hasta que se levante la cuarentena sanitaria.
Según lo señalado por el dirigente de “paseros”, Diego Mereles, para levantar la protesta iniciada en octubre, cuando bloquearon por casi tres semanas el acceso a la ANNP, el gobierno había prometido un desembolso de G. 500.000 para cada cabeza de familia de los trabajadores de frontera, además de la distribución de bolsas de alimentos.
La entrega de mercaderías se cumplió más o menos como esperaban los manifestantes, aunque un grupo denunció haber sido excluido de ese beneficio. Sin embargo, la promesa del pago de los G. 500.000 está pendiente.
Según Mereles, el gobierno se comprometió en el pago de una primera cuota en el mes de noviembre –que no cumplió- y una segunda y tercera cuotas en los meses de diciembre y enero próximo.
En principio, los paseros exigieron un pago mensual de G. 2.000.000 y una canasta alimentaria cada 15 días para las familias que quedaron sin trabajo por causa del cierre de fronteras.
El punto en cuestión
Uno de los puntos que los “paseros” sostienen que el gobierno “incumple” tiene que ver con las listas de beneficiarios que deberían recibir el aporte de los G. 500.000. De acuerdo a lo señalado por Mirta Viveros, son unos 13 gremios lo que aglutinan a los diferentes grupos, entre ellos paseros, mesiteros, vendedores ambulantes, empleados de comercios, taxistas, mototaxistas.
Cada cual presentó su lista, que totalizaron unas 4.700 personas. De esta lista y tras una “depuración” el número bajó a unos 1.686 los que estarían habilitados a cobrar el subsidio directo, y el restante lo haría a través del programa “Pytyvö”.
La “trampa”, sin embargo, está en que en el decreto por el que acuerda el pago se excluye a los que ya cobraron en algún momento la ayuda fijada en el programa “Pytyvö”, lo que termina por dejar fuera a muchas familias que están afectadas por la actual crisis que sufre el comercio encarnaceno.
Al problema que plantean los informales se suman los reclamos del sector comercial formal, que exige acciones que reactiven la economía local a través de la generación de trabajos que ocupen mano de obra, como el caso de un proyecto de construcción de 300 viviendas populares ya planeado, obras viales pendientes para la ciudad, como la avenida de circunvalación.
Otras grandes obras que están en la agenda de promesas del gobierno es la construcción del gran hospital del sur, la ampliación de la terminal aérea municipal, que generarían movimiento comercial y circulación de dinero.