Abdo Benítez argumentó que su decisión se debe a que este documento “es inconstitucional” al pretender alterar los acuerdos internacionales con Brasil y Argentina.
La decisión golpea la transparencia porque con el veto de Abdo Benítez se evita el control legislativo de unos US$ 100 millones por año.
El presidente de la República dijo que todos los cuestionamientos que escuchó sobre su decisión de vetar el proyecto de ley fueron meramente políticos.
Sin embargo, indicó que en la prelación de leyes primero están los tratados internacionales y luego las leyes nacionales, por lo que la iniciativa, de promulgarse, sería inconstitucional.
“Es por la prelación de la pirámide de Kelsen (el veto). Yo no soy abogado, pero hay una prelación de la fuerza de ley. Primero están los tratados y, por orden de prelación, un tratado no puede ser modificado por una ley. Hay dos sentencias: hay una sentencia de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay haciendo esa interpretación y también del Tribunal Superior del Brasil que hace esa interpretación, que ninguna ley de nuestros países puede estar por encima de un tratado internacional”, expresó.
El veto del Ejecutivo ahora debe ser tratado ahora en el Congreso, en donde solo hace falta la aceptación de una de las Cámaras para que el documento se remita al archivo. El Senado es la cámara que debe decidir primeramente.