El proyecto de presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, dispone “la utilización obligatoria de mecanismos o dispositivos de control magnéticos o electrónicos en la provisión y consumo de combustible de los Organismos y Entidades del Estado (OEE)”.
En la sesión extraordinaria del último martes 10, ocasión en que se trató el PGN 2021, el diputado cartista Justo Zacarías propuso la modificación del referido artículo y fue aprobada por mayoría de votos.
El nuevo artículo dice lo siguiente: “Dispóngase la utilización obligatoria de mecanismos o dispositivos de control, magnéticos o electrónicos, en la provisión y consumo de combustible de los Organismos y Entidades del Estado (OEE), exceptuando al Poder Legislativo y al Poder Judicial”.
Con la nueva redacción de la normativa, de ser sancionada por la Cámara de Senadores, la obligación de utilizar mecanismos de control quedará sólo para las instituciones del Ejecutivo, no así para los organismos del Congreso ni de la Justicia.
La exclusión del Legislativo y Judicial de las medidas que el poder administrador del Estado aplicará va a contramano de la misma ley de racionalización que había aprobado el Congreso y que apuntaba a reducir gastos superfluos y ciertos privilegios de funcionarios, entre otras medidas.
Según consultas efectuadas en el Senado, la referida ley ya no permite incluir en las cámaras vale de combustible ni seguro médico para los legisladores, por lo que beneficiaría más bien a la institución a la hora de cargar los vehículos sin necesidad de contar con dispositivos magnéticos. De acuerdo a los datos, los parlamentarios perciben actualmente un vale de combustible de G. 5.500.000 mensualmente, sobre el salario de G. 32 millones.
A Senadores
El PGN 2021 cuenta con media sanción de Diputados y antes de fin de mes será analizado por la Cámara de Senadores en sesión plenaria y el monto asciende a G. 92 billones (US$ 12.976 millones), tras las modificaciones aprobadas por sobre el dictamen de la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso que había contado con el visto bueno de Hacienda.
Diputados, por ejemplo, aumentó el presupuesto unos G. 440.000 millones (US$ 63 millones), de los cuales el 95% fue asignado al Instituto de Previsión Social (IPS) para medicamentos, equipamientos y pago de deuda; el resto destinaron al Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA), el Instituto Nacional de Educación Superior, Congreso Nacional, Cámara de Senadores, Ministerio de Justicia, entre otras dependencias.
El Ejecutivo había planteado inicialmente, más la adenda, un proyecto que asciende a G. 85,7 billones (US$ 12.097 millones; la Comisión Bicameral con las reprogramaciones efectuadas y la inclusión de un paquete de obras públicas más el saldo de la ley de emergencia sanitaria con acuerdo de Hacienda llevó el monto a G. 91,5 billones (US$ 12.914 millones).