Ante un comunicado dado a conocer ayer y que dice reflejar la opinión de unas cuarenta organizaciones de la sociedad civil que objetan, descalifican y piden la nulidad del Plan Nacional de la Niñez y la Adolescencia (PNA), aprobado por el Consejo Nacional de la Niñez, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia realizó ayer una conferencia de prensa en la sede del Centro de Formación del MINNA, sito en Eduardo Víctor Haedo esq. 14 de Mayo.
Los objetores, todos pertenecientes a grupos denominados pro vida, señalaron que en el proceso de elaboración de este Plan, no ha sido consultada una sola organización de padres, lo cual lo torna al mismo nulo de nulidad absoluta.
Las descalificaciones apuntan además –según dice el manifiesto– a que el referido Plan además transgrede el derecho inviolable de los padres en la educación de sus hijos y en especial en materia de educación sexual y reproductiva.
La ministra Teresa Martínez manifestó que “el Plan se construyó colectivamente incluyendo en el proceso a los consejos departamentales y municipales; debatido, elaborado y aprobado por el Consejo Nacional de Niñez, que está integrado por el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, el Ministerio de Salud, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Defensa Pública, el Ministerio Público, que están presentes (refiriéndose a la sesión ordinaria semipresencial del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, realizada ayer) y los representantes de la sociedad civil”.
También aclaró Teresa Martínez que el Plan está vigente desde hace cinco años. “Estamos reunidos con el Consejo Nacional de la Niñez que son los que aprueban el Plan y lo promueven. Estamos presentando los informes de los avances y cómo se va a proseguir el año que viene. Nosotros respondemos como Estado a los lineamientos y compromisos que hemos asumido como país pero más que nada el objetivo principal es resguardar y proteger a los niños, niñas y adolescentes. Pero los padres son los primeros responsables y el Estado entra a coadyuvar. Muchas familias sí pueden atender a sus hijos, pero el 70% no, entonces ahí es muy importante la presencia del Estado”, sostuvo la ministra de la Niñez.
Un presente hostil para la niñez paraguaya
Según la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y Adolescencia (CDIA), la estadística oficial de Paraguay indica que el 35% de la población tiene entre 0 y 17 años de edad al 2020, que 33 de cada 100 niñas, niños y adolescentes viven en situación de pobreza en el 2019; que 42 nacidos vivos por día son de adolescentes madres de entre 15 y 19 años –reporte del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) en 2019– y que 20 casos de hechos punibles hacia la niñez y la adolescencia por día en promedio ingresaron a la Fiscalía en 2019. “Tener un plan para la prevención y protección de la niñez y la adolescencia es una prioridad, de modo de cambiar estos indicadores que muestran un presente hostil y un futuro incierto para el valor más preciado de una sociedad: sus niñas, niños y adolescentes”, dijo Aníbal Cabrera, director ejecutivo de la CDIA.
Además dijo que “instamos al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial a generar todas las condiciones necesarias para la efectiva implementación del Plan Nacional de Niñez y Adolescencia 2019-2024, con presupuestos suficientes, garantizando así un mayor bienestar de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país, principalmente de los sectores más vulnerables”.
También señaló Cabrera que el Plan busca prevenir y revertir las situaciones de violencia, brindando mayor y mejor protección a miles de niñas, niños y adolescentes que sufren el impacto de la crisis generada por la pandemia, que implicó graves retrocesos al acceso de servicios básicos de calidad.