En la administración del entonces ministro del MUVH, Dany Durand, muchas empresas de “Servicio de Asistencia Técnica (SAT)” fueron creadas para ser beneficiadas con transferencias directas de dinero para erigir casas sociales. Entre ellas, la de un allegado del diputado Buzarquis (PLRA).
Se trata de Armando Ariel González Cáceres, titular del SAT “Agro Kuarahy”, y quien figuró como “asesor” del legislador en la Cámara de Diputados; además fue uno de los que aparecieron en la denuncia por coacción y extorsión que había presentado el político liberal contra una mujer que aseguraba tener un hijo suyo, hace un par de años.
Precisamente, el diputado Basilio Núñez (ANR-cartista) había denunciado en sesión hace un par de semanas que las obras del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) demoraron en iniciarse en la gestión de Durand debido a los trámites de habilitación de nuevos SAT y sospechó que sería para favorecer a cercanos colaboradores de la administración. Esta situación, indicó, fue lo que le motivó a presentar el proyecto de modificación de la Ley Nº 3637 del Fondo Nacional de la Vivienda Social (Fonavis) para que el uso de ese dinero sea sometido al control de la Dirección de Contrataciones Públicas.
Y, llamativamente, entre los que se oponen a esta propuesta está el diputado Enrique Antonio Buzarquis, alegando que la redacción actual no permite que las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) puedan ser proveedoras del programa del MUVH. Señaló que solo es necesario “buscar los mecanismos para hacer más transparente”.
ABC le había consultado hace una semana si tendría algún conocido o interés particular por mantener las designaciones directas y respondió que no. Pero en una verificación de los SAT que serían beneficiados con US$ 47 millones, de aprobarse en el Congreso más endeudamiento para la construcción de viviendas como parte del plan de reactivación económica del Gobierno, se detectó a un cercano colaborador del diputado (ver cuadro). Se intentó conversar con ese colaborador, Armando González, pero el número de celular que figura en los registros oficiales del MUVH dio apagado en reiteradas ocasiones. Se envió un mail a la dirección que aparece en la nómina y tampoco hubo retorno.
Además, se trató de conversar nuevamente con el diputado Buzarquis, pero no contestó los mensajes en el mismo contacto en que días atrás se mostró accesible.
La semana pasada, la Cámara Baja debatió durante horas la aprobación del crédito para la construcción de casas, pilar del plan del presidente Mario Abdo Benítez. Uno de los ejes de discusión se refería a las facilidades para permitir la participación de mipymes. Al respecto, el diputado Sebastián García había denunciado que ese ítem es la “trampita” para que los políticos puedan seguir siendo beneficiados con los recursos del Estado.
El Senado es el que va a definir
La Cámara de Diputados recientemente aprobó dos proyectos vinculados a la ejecución del Fondo Nacional de la Vivienda Social (Fonavis) y que pasaron al Senado.
Uno de ellos es el de la modificación de la ley N° 3637 del Fonavis, que propone eliminar los contratos directos y que el proceso de adjudicación sea conforme a la ley 2051 de Contrataciones Públicas. El otro es el crédito de US$ 47 millones para construcción de casas, y aquí la Cámara Baja introdujo también que solo sea usado bajo la ley 2051.