En conversación con ABC, Pereira reconoció que asume el cargo en un momento delicado, debido al contexto de la crisis económica como consecuencia de la pandemia y que la institución cumple una función clave para la generación de empleos e inyectar recursos, además de que en estos momentos está pendiente de aprobación un crédito de US$ 47 millones en el Congreso (con media sanción del Senado), clave para aplicar la construcción de viviendas sociales.
Al ser consultado sobre los cambios que haría en la institución, respondió que por el momento se aboca en escuchar a los funcionarios de las diferentes áreas “para evaluar los resultados obtenidos”. En cuanto al Fondo Nacional de la Vivienda Social (Fonavis) que se ejecuta con contratos directos con firmas prestadoras de “Servicio de Asistencia Técnica (SAT)”, sin licitación ni libre competencia ni control ciudadano, indicó que con su equipo analiza el rendimiento del programa y los criterios jurídicos de su aplicación y evalúan “el consenso del debate que se tuvo con el sector privado, si es que se agotaron las instancias, y si realmente hubo o no la participación”.
Sobre el proyecto de ley que aspira a modificar la Ley N° 3637 del Fonavis y someterlo a Contrataciones Públicas, Ley N° 2051, indicó que el Ejecutivo respeta la autonomía de los poderes del Estado y aguardará la resolución del Congreso.