El abogado Óscar Germán Latorre, en representación del diputado por la ANR Ulises Quintana, presentó apelación contra la decisión de la jueza Alicia Pedrozo, quien rechazó la revocatoria de la prisión y el pedido de libertad ambulatoria para el legislador, en el proceso que enfrenta por supuesto lavado de dinero y asociación criminal. Ahora, un tribunal tendrá que resolver si hace lugar al pedido de la defensa o ratifica la resolución.
Latorre asegura que su cliente ya cumplió la pena mínima establecida por los hechos punibles acusados y que la Fiscalía atribuye a Ulises Quintana la conducta establecida en el artículo 42 de la Ley 1340/88, que según afirmó “es una normativa que ya fue derogada”.
La defensa argumenta también que la prisión del parlamentario adquirió las características de una pena anticipada o ya sobrepasó las limitaciones imprescindibles para evitar su fuga. Agregó que tampoco se puede seguir sosteniendo que Quintana, desde su cargo de diputado, puede obstruir la investigación del Ministerio Público.
Con estos argumentos la defensa ya había solicitado la libertad ambulatoria del legislador el 1 de octubre pasado, pero la jueza Alicia Pedrozo rechazó la petición, alegando que hasta siguen latentes el peligro de fuga y el peligro de obstrucción a la investigación penal.
La semana pasada, Latorre volvió a pedir que se revoque la prisión preventiva de su defendido, pero nuevamente fracasó porque la magistrada consideró que no existen nuevos elementos para que Quintana deje la cárcel de Viñas Cue, adonde retornó en Diciembre de 2019 luego que estar preso desde el 21 de Setiembre de 2018 hasta el 8 de julio del año pasado, cuando la entonces jueza Magdalena Narváez dictó su libertad ambulatoria.
Argumentos de la jueza
En la resolución del 1 de Octubre, Pedrozo afirmó que el tiempo que Quintana lleva preso “no excede los plazos establecidos por el ordenamiento procesal”, por lo que no se puede considerar una pena anticipada. La magistrada puntualizó también que el legislador no cumplió la pena mínima, ya que, tanto la calificación provisoria como la expuesta en la acusación fiscal, se tiene el art. 42º de la ley 1340 como el hecho punible que el Ministerio Público atribuye al parlamentario procesado tras el “Operativo Berilo”.