En la sesión de ayer, la Cámara de Diputados debatió intensamente acerca de la modificación del artículo 2º de la Ley 4558/11, que establece mecanismos de apoyo a la producción y empleo nacional, a través de los procesos de contrataciones públicas. La propuesta había sido vetada a fines de julio por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez. El proyecto que ahora ya es ley con el visto bueno del Congreso aumenta de 20% al 40% el margen de preferencia en compras públicas para productos de origen local.
Los legisladores que estuvieron a favor de la medida argumentaron que se protegerán el empleo y la inversión de los empresarios, además de beneficiar a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). Pero los que se oponían indicaron que su aplicación es un castigo al contribuyente, puesto que en plena crisis económica y con la caída de la recaudación estatal, ahora se comprarán los habituales bienes y servicios a un precio mayor y que solo beneficiará a las grandes proveedoras del Estado.
También destacaron que las firmas importadoras se verían en situación menos ventajosa y de manera injusta, siendo que también emplean a miles de personas.
La ministra de Industria y Comercio, Liz Cramer, había explicado que dicho proyecto “no toma un apoyo específico a las mipymes, tampoco tiene una temporalidad”. Recordó que el Paraguay, como integrante del Mercado Común del Sur (Mercosur), firmó acuerdos internacionales históricos en los que tuvo un trato especial y diferenciado para productos nacionales y las exportaciones, con la apertura de mercados, con la Unión Europea (UE) y la Asociación de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés). Hacienda también se había pronunciado en contra de la iniciativa.
La situación ha puesto a Paraguay en la mira de los países miembros del Mercosur, puesto que duplica el margen de preferencia que ya tenían industrias locales, lo cual consideraron un aumento significativo. Consideraron como una propuesta “proteccionista”.