Sin embargo, según el ente contralor, el BID ya había autorizado la extensión del plazo de los desembolsos sin la debida aprobación del Congreso, tal como lo establece la Ley Nº 1535/99 “De Administración Financiera del Estado” en su artículo 43, lo que ocasionó una ampliación en cuanto al monto a pagar, por los intereses que no estuvieron previstos. Ahora, nuevamente estarán evadiendo al Congreso, para ampliar los plazos hasta diciembre del 2023.
Recordemos además que la mencionada auditoría reveló numerosas anomalías en la ejecución de la obra. Por ejemplo, que el MOPC desembolsó a Mota Engil US$ 29 millones (monto hasta el cierre de la auditoría) por obras que, en partes considerables, no cumplen con las especificaciones técnicas del pliego de la licitación y cuya futura utilidad resultó incierta. También, entre otras cosas, enfatizó que se produjeron pagos irregulares por el cableado subterráneo (zanja técnica), desagües que no funcionan y la falta de aplicación de multas. Hay varias denuncias en la Fiscalía que no tienen avances. Incluso, hace poco, ambas Cámaras del Congreso presentaron nuevas denuncias al respecto.