La ley abarca en principio al personal médico, médico residente, médico interno, odontólogos, radiólogos, enfermeros, técnicos y auxiliares de salud, camilleros, personal de ambulancias, bioquímicos, técnicos y auxiliares de los laboratorios donde se realizan los análisis, farmacéuticos, técnicos farmacéuticos, así como al personal del área de servicios como limpieza, lavandería, cocina, el personal administrativo afectado en su lugar de trabajo, tanto nombrados como contratados, de las instituciones públicas del Estado incluyendo a los consejos locales de salud, pudiendo extenderse esta lista.
Recibirán el pago los familiares como padres, hijos y/o cónyuges del personal que falleciera por causas relacionadas al COVID-19, durante la duración de la emergencia sanitaria y el monto será el equivalente a cincuenta salarios mínimos legales, es decir, más de G. 109 millones.
El financiamiento de la presente ley se realizará con los fondos de emergencia sanitaria aprobados por la Ley N° 6524 que Declara en Emergencia Sanitaria al Paraguay y aprueba un préstamo de US$ 1.600 millones.
La diputada Kattya González (PQ) dijo que la norma “es un acto de justicia, por supuesto que nunca va a ser suficiente pero por lo menos es un paliativo que asume una realidad de los afectados”, señaló. El diputado Raúl Latorre (ANR-HC) indicó que con esto saldrán “de los discursos y respaldar al personal de blanco”.