Los vecinos habían denunciado al colono hace dos meses por destruir el emblemático arroyo Potrero y el esteral para la siembra de soja. Hubo una manifestación en el lugar para exigir la investigación y el castigo del responsable, que construyó un canal sin ninguna autorización de las instituciones que deben otorgar las licencias correspondientes.
Dos semanas después, el fiscal Giménez se constituyó en el lugar y, a pesar de constatar la denuncia, dijo que esperará la intervención del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) para imputar o no al responsable.
“Ya vinieron los fiscalizadores para supuestamente verificar y traernos después un resultado positivo, pero hasta el momento no tenemos ningún resultado, seguimos esperando, y la gente de 1° de Mayo ya está cansada y ya tendremos una organización más fuerte para tomar otras medidas, que será una manifestación” señaló Lorenzo Martínez, joven líder de la comunidad.
El dirigente precisó que la deforestación afecta directamente a toda la comunidad, porque seca el cauce hídrico que cruza en medio de la población y, por el tiempo que ya pasó, la fiscalía debió tener una respuesta al respecto, a fin de remediar la situación.
En tanto, vía telefónica, el agente Alcides Giménez informó que su unidad entró en cuarentena, pero que está preparando la imputación.
En el departamento de Canindeyú pululan los delitos ecológicos, ya sea por desmontes, secado de humedales, desvío de arroyos, destrucción de habitad de indígenas u otros, sin que el Ministerio Público haya logrado condena de los responsables. Según las denuncias, la impunidad en ese ámbito es total gracias al pago de jugosas coimas.