Además de Ferreiro y Rodríguez, la imputación presentada por la agente fiscal Stella Mary Cano afecta también a los concejales Javier Pintos, Fabiana Benegas de Sánchez, Mariano Cáceres, Antonio Gaona, René Calonga, Karen Forcado, Augusto Wagner, Félix Ayala, Humberto Blasco, Ireneo Román y Elena Stael Alfonsi Samaniego, así como a María Laura Schiavo, jefa del Departamento de Contratos de la municipalidad capitalina
“Conforme a los elementos obrantes en el cuaderno de investigación fiscal, surge que Mario Aníbal Ferreiro, en su carácter de intendente municipal de Asunción, junto con Óscar Rodríguez, presidente -entonces- de la Junta Municipal y los concejales municipales, así como la jefe del Departamento de Contratos de la Municipalidad, con su conducta habrían permitido el uso de certificado de cumplimiento tributario de contenido falso y con ello indujeron en las relaciones jurídicas al error en su autenticidad, para lograr el pago de G. 1.701.107.120 a la empresa Empo Ltda.”, señala en una parte el acta de imputación.
La Fiscalía “considera que existen suficientes elementos de sospecha acerca del hecho punible de producción de documentos no auténticos en carácter de coautoría previsto y penado por el Código de Fondo”.
Esta imputación se produce luego de una investigación efectuada por ABC Color en 2018, que reveló que Empo Ltda., concesionaria del vertedero Cateura, había presentado un certificado de cumplimiento tributario supuestamente falso. La pesquisa constató que ediles pretendían “limpiar” a la empresa que intentó realizar una evasión fiscal.
Según concejales, la concesionaria Empo debía en ese momento G. 50 millones en impuestos, por lo que pidió a la Comuna transferir el contrato de disposición final de residuos a otra empresa llamada Empo S.A. De esta manera lograría seguir cobrando a la Municipalidad capitalina, ya que estar al día con los tributos es un requisito indispensable para tener contratos con la institución.
A causa de la publicación, la Municipalidad abrió un sumario en 2018, el cual reveló que se habían presentado más de 20 certificados de cumplimiento tributario aparentemente falsos, en unos dos años.
En diciembre de 2018 fueron imputados a Enrique Ortuosce y Arivaldo Domínguez, representantes legales de Empo Ltda. por producción de documentos no auténticos.