Los ediles municipales habían recibido- en julio de este año- la denuncia por parte de los padres de familia de unas cincos instituciones educativas de las compañías Simbrón y Mbocayaty, donde el intendente Alfonzo entregó kit de alimentos presuntamente vencidos llenos de gorgojos a los escolares.
El hecho fue denunciado ante el Ministerio Público, el agente fiscal llamó a indagatoria a los padres de familias de las instituciones educativas y confirmaron la denuncia realizada por los concejales. Asimismo, solicitó informe al Instituto Nacional de la Alimentación y Nutrición (INAN).
El INAN en su dictamen señala que “habiéndose verificado la base de datos institucional se pudo constatar que el producto tomado como muestra por la Unidad Fiscal, consistente de fideo tirabuzón integral, marca Tutti Il Giorne, elaborado por la empresa Molinos Harineros D' Italia S.A. No cuenta con Registros Sanitarios de Producto Alimenticio (RSPA), por lo que no puede aseverarse que dicho producto sea apto para el consumo humano”.
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Ante los indicios probatorios, el fiscal Colmán formuló acta de imputación contra el intendente y contra el proveedor de los kits de alimentos González Ortiz. Asimismo, solicitó al juez de Garantía de Carapeguá, Hilarios Bustos, medidas alternativas a la prisión contra ambos.
El juez Bustos manifestó que va analizar la imputación y si corresponde conceder las medidas alternativas a la prisión. Agregó que para la próxima semana se va fijar fecha para la imposición de medidas de los procesados.
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<b>Antecedentes</b>
Los padres de familias habían realizado primeramente la denuncia correspondiente ante la comisaría jurisdiccional. Posteriormente los concejales presentaron formal denuncia contra el ejecutivo comunal. Fue por distribuir supuestamente productos de fideos, harina y arroz, que eran paquetes sellados, vencidos y tenían insectos negros.
La municipalidad local bajo la modalidad plurianual 2019-2020, adjudicó a la empresa San Miguel, cuyo propietario es Néstor Antonio González Ortiz, para la provisión del almuerzo escolar a un total de 185 alumnos de cinco escuelas rurales. Ellas son el Prof. Canuto De Jesús Benítez, Juan Bautista Lovera, Demetrio Monges Barrios, Sixto Anastacio Serrati y Beato Ángel de D’Acri.
La empresa San Miguel presentó el precio más caro de G. 419.580.000, y pese a que tenía observaciones en el momento de la evaluación, por no presentar el certificado de Registro de Prestadores de Servicios (Repse), el Registro Industrial (Riel) y por la falta de experiencia en la prestación del servicio, de igual manera fue adjudicada con la provisión del kit de alimentos y quedó fuera de la contratación Ladero Paraguayo S.A, que presentó un presupuesto de G. 417.182.400.
Con este hecho suman dos imputaciones que tiene en su haber el intendente local. El primero fue por violación de cuarentena.
Fue cuando el lord municipal estaba en cuarentena porque su esposa había dado positivo al Covid-19, sin embargo, abandonó su domicilio y fue a recibir a la comitiva que acompañaba al ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Joaquín Roa y al gobernador de Paraguarí, Juan Carlos Baruja, quien llevó 18.000 kilos de víveres para las familias que estaban guardando aislamiento en el albergue y en sus domicilios.
Ahora la imputación es por lesión de confianza. La investigación de ambas causas están a cargo del fiscal Colmán.