Todos formaron parte del proceso del Ministerio de Salud que autorizó una compra por G. 85.000 millones a las empresas Imedic y Eurotec entre finales de marzo e inicios de abril pasado, una adquisición escandalosa que solo trajo al país elementos inservibles para la lucha contra el COVID, pero los siete funcionarios del MSP sumariados por este caso pagarán una sanción que hasta parece risible.
El sumario realizado a estos trabajadores del MSP recomendó una sanción de 30 días sin goce de sueldo para Pablo Lezcano, quien se desempeñaba como director de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) del MSP, y de 20 días para Mirta Eloísa Morán Maldonado, Gustavo Andrés Cuevas Ayala, Pedro Ramón Adrián Santander, Diego Marcelo Sosa Jara, Augusto Manuel Portillo Delvalle y Larizza Andrea Ginés Cantero, quienes formaban parte del comité de evaluación.
El proceso, que fue selectivo, no incluyó al ex director administrativo del Ministerio de Salud Pública Alcides Velázquez, quien renunció poco después de que se desatara el escándalo alegando “cuestiones personales”, ni tampoco a Gustavo Irala, director de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud Pública, quien recomendó al ministro firmar la resolución de adjudicación a las empresas del clan Ferreira.
Para Kattya González, diputada por el PEN y una de las primeras que denunciaron las irregularidades en este proceso, los resultados del sumario son “una burla para la economía deprimida y para la gente que perdió su trabajo” durante esta pandemia de coronavirus.
“Estoy desolada, duele demasiado este país”, lamentó.
La legisladora dijo que el pueblo “fue encerrado para ser robado”, en relación al dinero que se prestó en este periodo (más de US$ 2.000 millones) para finalizar en estos casos en que la impunidad es tangible.
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González calificó de “miserables” al ministro de Salud, Julio Mazzoleni, y al presidente de la República, Mario Abdo. Será el titular del MSP quien firme la recomendación que dio el sumario, aunque la diputada no cree que Mazzoleni se aparte y tome una decisión más firme en torno a estos funcionarios.
“Acá nadie salió herido, todos salieron fortalecidos. Vamos a exhortar para que este gran robo pandémico no quede impune. Al final, la decisión de firmar la resolución es de Mazzoleni (…) por eso hablo de este esquema de complicidades. Hay poco retorno político, los colorados nos tratan de desestabilizadores”, reflexionó González.
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Finalmente, la legisladora dijo que el mensaje que se da desde el Gobierno es que los corruptos “hagan nomás” este tipo de negociados porque el Estado siempre les dejará impunes. Cabe recordar que el dinero que se les adelantó a estas dos empresas fue recuperado luego de la aplicación de una cláusula de seguro y que para el Gobierno no hubo estafa y ni siquiera una tentativa de daño patrimonial al Estado.