El informe de la Contraloría General de la República (CGR) señala que solicitó, pero no recibió, el reporte relacionado con las obras paralizadas y con contratos rescindidos, dos y seis, respectivamente, de viviendas sociales a cargo del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), cuyo titular es Dany Durand. El valor de los proyectos ronda los G. 26.638 millones y se desconoce el monto de los anticipos y las acciones realizadas para recuperar esos recursos públicos.
El documento muestra un resumen de las obras rescindidas y paralizadas (ver cuadro), en el cual se aprecia que el 62,5% de los responsables de las obras recibieron el segundo de los tres desembolsos.
La institución realizó una auditoría al cierre del ejercicio 2019 y el mes pasado entregó el informe resultante, como parte del Plan General de Auditorías (PGA) 2020. Según el documento final, “el MUVH no informó del monto total desembolsado, ni las acciones llevadas a cabo a fin de recuperar lo pagado”. Ante esta observación, la cartera estatal nada respondió sobre ello en su descargo, por lo que los auditores se ratificaron en el punto.
La CGR especifica que no tuvo información relacionada con los montos totales desembolsados al 31 de diciembre del año pasado ni las acciones efectuadas para recuperar las sumas pagadas por las obras paralizadas, rescindidas y anuladas.
Además, cita que la Ley Nº 6152/18, que crea el MUVH, establece en su carta orgánica que debe coordinar y ejecutar las acciones necesarias para velar por la gestión desarrollada por sus dependencias.
Considerando que algunos de los proyectos afectan a la anterior gestión, la exministra Soledad Núñez fue consultada al respecto y facilitó varios documentos. Dijo que realizó los procesos establecidos y que quedó a cargo de la actual administración dar el seguimiento correspondiente.
En cuanto al actual responsable, el ministro Dany Durand, este se comprometió a brindar declaraciones en la jornada de hoy al ser requerido acerca de las conclusiones del informe final de la Contraloría.
El Fondo Nacional de la Vivienda Social (Fonavis) permite adjudicaciones directas del MUVH a las organizaciones de Servicio de Asistencia Técnica (SAT), las cuales se encargan de elegir a las constructoras que edificarán las casas. Todo el proceso se realiza sin concurso ni mecanismo de control ciudadano.
Se trata del plan que el Gobierno del presidente Mario Abdo Benítez busca aplicar como parte del programa de reactivación económica, con la construcción de 6.000 viviendas, con US$ 47 millones, si el Congreso aprueba más endeudamiento.