Una serie de irregularidades fueron constatadas por un equipo auditor de la Contraloría General de la República (CGR) al verificar in situ las viviendas sociales del Asentamiento Carmen Soler, ubicado en la ciudad de Limpio, obras que fueron adjudicadas en diciembre del año 2018 al organismo que presta “Servicio de Asistencia Técnica (SAT)” de Verónica Ojeda, por Resolución N° 772.

La constructora subcontratada es “Planeta Construcciones”, representada por Efraín Cadogan Duarte, según se detalla en el informe. Sin embargo, el reporte proporcionado por la cartera estatal por el portal de Acceso a la Información Pública (AIP), expediente N° 32.734, especifica que la constructora subcontratada en esta adjudicación es Ger. Com Ingenieros y Asociados, representado por Esteban Ermindo Gertopan Gómez. Es decir, a la Contraloría pasaron un dato y a ABC, a través del citado expediente, dieron otra información.

El informe final de la Contraloría, que recoge el descargo del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH) y con el cual los auditores no quedaron conformes, fue presentado el mes pasado y se encuentra disponible en la página web de la institución.

El ministro de Urbanismo, Dany Durand, convocó a un equipo de ABC para dar su versión este lunes por la mañana en la sede del Ministerio. No obstante, en entrevistas anteriores había calificado de “chismes” las sospechas de que las casas no cumplen las especificaciones técnicas requeridas.

En la jornada de ayer, accedió a responder un mensaje vía whatsap a este diario pero se limitó a señalar que la auditoría de CGR abarca “gestiones anteriores” y que lo observado por la CGR ya se respondió “en tiempo y en forma”, pero luego se llamó al silencio al ser consultado sobre esta obra específica que se ejecutó durante su administración.

Entre las observaciones encontradas en el asentamiento visitado está la mampostería. “Se presentan ladrillos de forma irregular, aristas irregulares, lechos de mortero de espesor mayor que 2 centímetros, agrietamientos verticales, reparaciones y otros. El Estado requirió ladrillos comunes de buena calidad y revocado en el interior y visto por fuera”, indica el documento.

El informe -de casi 400 páginas-, que abarca varios aspectos de la gestión en el MUVH, dedica un capítulo especial a las obras de este asentamiento y también realiza observaciones en cuanto a la materia prima y la instalación en sí del techo. El informe final menciona que las tejas se presentan con cocción no uniforme, desalineadas, mortero sin remover, tejuelones con cocción no uniforme y distintas tonalidades. Se contrató por forma, tamaños regulares y uniformemente cocidos, sin grietas, entre otros puntos.

El equipo auditor realizó la visita in situ a inicio de junio de este año y logró verificar 23 de las 28 casas del proyecto, ya que en el resto no se encontraban los habitantes.

Entre otras observaciones hechas están las relacionadas a la instalación de cañerías y el desagüe. Los investigadores detectaron que los caños están a poca profundidad, en algunos casos expuestas, además el caño de respiración es de 40 mm, en contravención con las especificaciones, puesto que se estableció el de 50 mm y que la instalación debería estar como mínimo 30 centímetros bajo tierra. A esa observación los responsables del MUVH indicaron que el suelo presenta resistencia, lo cual no convenció a los auditores, puesto que se estableció en caso de presentarse esta dificultad que se colocaran protectores metálicos.

La verificación in situ de la comitiva de Contraloría estuvo acompañada del supervisor del MUVH y del fiscal de obra, Ar. Adrián Dávalos F, incluyó tomas fotográficas.

Otro aspecto observado y que fue fotografiado por los auditores es la instalación eléctrica. “Se presentan pilastras sin revocar, registro sin la profundidad requerida, tapa de baldosón, tableros de plástico y llave general de 16 Amp, cuando debe ser de 30 Amp, conductores subterráneros sin protección contra la humedad, entre otros”, describe el reporte.

Cada casa es G. 7 millones más cara

Hace meses que ABC denuncia que las viviendas sociales construidas bajo el programa del Fondo Nacional de Viviendas (Fonavis) no cumplen la calidad que el Estado contrata, resultando más caras del valor real. De hecho, se denunció en su momento que cada vivienda de la administración es G. 7 millones más cara que en la gestión anterior, de Soledad Núñez, y que es de menor calidad. Esta situación se denunció junto a la falta de transparencia, tanto en el proceso de contratación como un mecanismo de acompañamiento ciudadano, pues los mecanismos actuales no permiten constatar a la ciudadanía o denunciar, en caso de detectar irregularidades.

A los gremios de la construcción les preocupa que este programa que realiza adjudicaciones directas, tanto de SAT y estas, a su vez se encargan de elegir a la constructoras, y no permite la libre competencia. Se trata del esquema que el Gobierno del presidente Mario Abdo Benítez planifica implementar para construir 6.000 viviendas, con US$ 47 millones, es decir, contratos directos sin ningún concurso ni control ciudadano. Vale decir, que si prevén construir 6.000 viviendas, multiplicado por los G. 7 millones que se paga más caro que en la gestión anterior, resulta G. 42.000 millones de diferencia. A esto se le suma que las viviendas podrían tener las mismas fallas encontradas por la CGR en las casas del Asentamiento Carmen Soler y si eso llega a darse, se estaría teniendo un daño patrimonial más grande.

En reiteradas ocasiones, el ministro Dany Durand fue abordado acerca de la necesidad de una reforma del programa Fonavis, ya que actualmente presenta indicios de que no se cumple lo contratado por el Estado, a lo que respondió que actualmente existe un “triple control” y que las irregularidades son “chismes”. Las verificaciones son hechas por Contraloría, funcionarios del MUVH y los beneficiarios, además, se establece una póliza de seguro, había dicho. Pero en este caso detectado, precisamente se demuestra que aún con tantos controles, las obras presentan anomalías.

En este caso investigado, la CGR encontró que había garantías de fiel cumplimiento, pero las pólizas no fueron ejecutadas porque en todo el proceso se reportó que supuestamente la instalación eléctrica y sanitaria funciona correctamente, e incluso se concretó la recepción definitiva sin observaciones y, de esta manera, no se llegó a ejecutar dicha póliza.

En reiteradas ocasiones, el ministro Durand atacó a este medio y hasta maltrató a sus periodistas por las denuncias ante el manejo discrecional del Fonavis, situación que obligó un pronunciamiento del Sindicato de Periodistas, tras un bochornoso ataque en una conferencia de prensa al ser requerido de mayores detalles de la afectación del incendio de grandes proporciones registrado en el archivo del Fonavis.

Además, se viralizó un video en el cual “invita” a los funcionarios a identificar al “Judas” que filtra información a la prensa, pese a que las publicaciones periodísticas se basan en los datos proporcionados por el mismo MUVH, vía portal de Acceso a la Información Pública (AIP), expedientes N° 32.734, N° 33.303 y N° 33.957.