“Nosotros no invadimos ni arrendamos tierras ajenas. Nosotros estamos en nuestra tierra”, señaló Carrillo en relación a una denuncia presentada en contra del mismo y otros dirigentes por una supuesta invasión y arrendamiento de 1.800 hectáreas pertenecientes a la empresa Laguna SA, de Corpus Christi.
Según abogados de dicha empresa, los mismos tomaron conocimiento de que algunos líderes indígenas estarían negociando el arrendamiento de sus tierras mecanizadas de alta productividad con un sojero brasileño de San Alberto, y habría participación incluso de funcionarios del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi).
“Solo estarían esperando que llueva para que empiecen a sembrar soja en la propiedad de Laguna S.A. los arrendatarios de los indígenas”, denunció ayer Jorge Fleitas, abogado de dicha firma.
Previo a dicha situación, los caciques denunciados ya habían anunciado que ya no permitirán desde ahora el cultivo de dichas tierras por parte de su propietario. Fue tras la obtención de la personería jurídica de la comunidad indígena Y’apo, liderado por Carrillo y Saucedo, a inicios de este mes. Ellos consideran que dicho documento les da derecho sobre las tierras de Laguna SA, que les pertenecen por derecho consuetudinario.
“Esta gente viene realizando muchas denuncias falsas contra nosotros. Nos persiguen de esa manera”, sostuvo Carrillo, quien tiene medidas alternativas a la prisión en una denuncia de extorsión a productores de Laguna SA, donde el fiscal de la causa, Israel Villalba, de Salto del Guairá, solicitó la prisión del mismo. Sin embargo, la jueza Alcira de Sousa, de Katuete, le concedió medidas alternativas, tras una manifestación (cierre de ruta en Yjhovy) realizada por Carrillo y sus seguidores a fines de agosto.
Mario Saucedo, otro de los dirigentes señalados como presunto cabecilla de la ocupación y usurpación de las tierras de Laguna SA, también negó que estén en la propiedad de dicha empresa. El mismo amenazó que volverán a movilizarse y cerrar ruta si es que la justicia no les da su derecho sobre las tierras que ocupan y afirma que los jueces y fiscales se prestan a los intereses de Laguna SA, por sobre los derechos de los indígenas.
La empresa Laguna SA es propietaria de la finca número 2910, ubicada en la comunidad de Pindoty Porã, distrito de Corpus Christi. La misma enfrentó un litigio judicial con el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), tras la invasión de dicha finca por un grupo de nativos reclamando derechos ancestrales, en el año 2012. En el proceso judicial sobre el caso, Laguna SA obtuvo sentencias favorables en las tres instancias. En el año 2014, en primera instancia, en el 2015 en segunda instancia, y finalmente en el en el año 2016, la Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso de inconstitucionalidad, planteado por los abogados del Indi como recurso final.
Tras el revés definitivo para el Indi, con relación a los indígenas que invadieron la propiedad, la justicia ordenó a dicha institución que arbitre los medios necesarios para que los mismos desocupen la finca 2910 de Laguna SA, y estableció un plazo de 10 días para efectuarlo. Sin embargo, pasaron 5 años de aquella sentencia definitiva y los indígenas siguen en el lugar, extorsionando a los productores que trabajan dichas tierras, según la serie de denuncias presentadas en los últimos años ante la justicia.