El primer blanqueado por el pleno de la Cámara Baja fue Samuel González (ANR, Añetete), intendente de Arroyito, distrito de Concepción creado apenas en 2016. González se encuentra imputado por daño patrimonial por obras fantasma por G. 700 millones.
Sin embargo, el titular de la Comisión Especial que analizó el caso, Vicente González (ANR, Añetete), aunque no negó el presunto hecho punible, dijo que una intervención solo perjudicará al municipio.
Luis Urbieta (ANR, cartista) agregó que si hay delito, en tal caso que la Fiscalía se encargue. Basilio Núñez también pidió rechazar el pedido en nombre del cartismo. Celeste Amarilla (PLRA) dijo que los concejales solo denuncian para extorsionar.
El segundo blanqueado del oficialismo fue Presentado Martínez (ANR, Añetete), intendente de Tte. Esteban Martínez, distrito de Pdte Hayes.
Avelino Dávalos (ANR, cartista) y Pastor Vera (PLRA), de la comisión que analizó el caso, dijeron que no hay denuncias “contundentes”, solo fallas administrativas. Sin embargo, Enrique Mineur (PLRA, llanista), diputado del Bajo Chaco, lanzó un encendido discurso contra el jefe municipal.
El caso más cuestionado fue el alevoso blanqueo al intendente de San Antonio, Raúl Mendoza (PLRA, llanista), quien se encuentra acusado y en espera de juicio oral y público por presunto daño patrimonial por G. 700 millones. Es el segundo año lo salvan de la intervención.
Pese al proceso en curso, Manuel Trinidad (PLRA, llanista), exjuez obligado a renunciar, dijo que el jefe municipal era impoluto pero Jazmín Narváez (ANR, Añetete) y Norma Camacho (PEN) recordaron que el intendente está procesado por desvío.
Finalmente, le tocó el turno del blanqueo a Carlos Palacios (ANR, cartista), intendente de Limpio. Rodrigo Blanco (PLRA) leyó una serie de acusaciones. Sin embargo, Bachi Núñez sostuvo que el único pecado de Palacios es ser cartista, “de buen pasar económico” y que así como los demás municipios no fueron intervenidos, el cartista también debía ser protegido. Incluso justificó que el jefe municipal impida que los concejales opositores reciban sus salarios.