La institución informó hoy que desde el inicio de las obras, a mediados de junio pasado, funcionarios de la institución están realizando la fiscalización de las mismas. Sin embargo, se sabe que el ministerio cuenta con pocos funcionarios para este tipo de trabajos y que incluso tiene más abogados que ingenieros civiles.
En este sentido, la cartera de Estado manifestó que, tras la cancelación del llamado a licitación para la fiscalización, esta tarea seguirá a cargo de un equipo especial designado por el MOPC “con el objetivo de velar por el fiel cumplimiento del contrato, garantizando así a la ciudadanía una obra de calidad en tiempo y en forma”, resalta un comunicado que remitieron.
Actualmente, la construcción de la defensa costera de Pilar avanza sin inconvenientes, tanto en lo que se refiere al relleno hidráulico mediante refulado, como en la readecuación del arroyo San Lorenzo y la puesta a punto de los reservorios y estaciones de bombeo existentes.
Mientras tanto, las obras ya avanzan sin parar y están a cargo del Consorcio CTC, conformado por Construpar SA, Tocsa SA, Tecnoedil SA y Constructora Concret Mix SA, representado por Sergio Rubén Samudio Báez, por G. 532.619 millones y tiene un plazo de 36 meses.
Según los datos proporcionados por Obras Públicas, con este emprendimiento se dará una solución definitiva a las inundaciones que aquejan a la ciudad durante las crecidas del río Paraguay y del arroyo Ñeembucú, beneficiando a más de 33.000 compatriotas que viven en la capital del décimo segundo departamento y de forma indirecta a aproximadamente 45.000 personas, con el impulso al turismo.