El abogado Oscar Tuma divulgó en sus redes sociales que se reunió con representantes de las organizaciones de "Servicio de Asistencia Técnica (SAT) y analiza las acciones legales contra los responsables de las publicaciones periodísticas “falsas orquestadas por la Capaco del cual son víctimas”. El abogado anuncia que va a demandar por los daños que estas “falsas informaciones periodísticas vienen ocasionando”.
Se trata de la serie de publicaciones con relación al esquema de funcionamiento para la construcción de viviendas sociales con el programa del Fondo Nacional de Viviendas (Fonavis), Ley N°3637. La normativa establece trasferencias directas, vía rubro 800, a los SAT, y los mismos tienen la potestad de elegir las constructoras que levantarán las casas, también sin concurso y sin ningún mecanismo de seguimiento o control ciudadano, tal como se da con la Ley N° 2051, que todo el proceso y documentos del mismo se encuentran en el portal.
El Gobierno planifica aplicar este sistema para el plan de reactivación económica, destinando US$ 40 millones. Gremios de la construcción coincidieron en señalar la necesidad de apertura y transparencia en la participación, con el objetivo de que más empresas puedan participar libremente, puesto que los fondos son recursos públicos.
Referente al anuncio de acciones legales, el presidente de la Capaco, José Luis Heisecke, consideró que son afirmaciones temerarias, que el gremio no orquesta nada y que considera que el reclamo es justo, “no es que se sugiere, afirma que lo orquestamos”, recalcó, destacando la gravedad de las declaraciones. Además, recordó el insistente pedido de los socios “pedimos transparencia en Fonavis, que se traduzca en el libre acceso del listado de adjudicaciones a constructoras, así como la licitación de las obras con la normativa que establece Contrataciones Públicas”.
Se intentó conversar con el presidente de la asociación de SAT, Carlos Ayala, para conocer más detalles acerca del anuncio hecho por Tuma pero no contestó las llamadas ni mensajes.
En cuanto a las denuncias planteadas, el titular del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Dany Durand, como responsable de la institución que ejecuta el programa, había manifestado que para ser adjudicada en el programa, las constructoras deben inscribirse en la cartera para estar en la lista de las empresas elegibles para estar a disposición de los SAT, las organizaciones que realizan las gestiones y presentan los proyectos de vivienda propia al ministerio. Reconoció que traslada a las organizaciones la responsabilidad de elegir el destino de los recursos obtenidos del pago de impuestos.
Sobre la falta de transparencia, había manifestado que en la web existe un mapa de viviendas, en el cual se puede contemplar los programas y las viviendas, de acuerdo a su ubicación en el país. Sin embargo, ese sistema no permite conocer de forma esquemática y resumida la cantidad de viviendas que tiene cada SAT y cada constructora, a modo de conocer cuántas obras tienen culminadas, en ejecución y si esas construcciones se cumplieron en el plazo establecido, y de ser así, si se aplicaron sanciones.
El propio ministro reconoció su injerencia en las adjudicaciones al detectarse que beneficia a la familia de su amigo, el ex diputado Enrique Pereira Thalmann, cuya hija Rocio Verónica, figura en el plantel del SAT, Consultora Tajy, que había contratado a su constructora. Durand hace alusión a los resultados obtenidos con este “gran programa”, cuando los cuestionamientos están dirigidos en el esquema de aplicación y la falta de acceso a los documentos.
En el portal no dispone a los ciudadanos las especificaciones técnicas de los proyectos ni los informes de los fiscales de obras, que evidencien el proceso de construcción sean acordes al valor contratado. De esta manera, cobra fuerza las sospechas de que las viviendas son más caras que la administración anterior, a cargo de Soledad Núñez, y que las mismas son de menor calidad. Sobre el punto, Durand simplemente dijo que son más grandes, antes eran de 36 metros cuadrados y ahora, 40 metros cuadrados, sin facilitar los informes de los fiscales de obras.
Durand había afirmado que su gestión es transparente y como prueba de ello, exhibió el reporte de la Auditoría del Poder Ejecutivo que la califica con 4,52 de 5 en la gestión del control interno. Sin embargo, el ministro Luis Cardozo, responsable de la institución, aclaró que se trató de una homologación de la auditoría interna y no existió una investigación al respecto, ni hay una orden para hacerlo.
En medio de estas críticas, se registró un incendio de gran magnitud que convirtió en cenizas el archivo del Fonavis, siendo el tercer siniestro que se registra en la institución y el de mayor impacto por la importancia de los documentos afectados, puesto que no existiría mayor respaldo, conforme a fuentes que solicitaron el anonimato.
Acerca de los documentos afectados, el ministro Durand cayó en contradicciones con el director del Fonavis, Héctor Villagra. Mientras uno aseguraba que todo está digitalizado, el funcionario responsable del programa confirmó que son documentos valiosos los afectados y que aquellos proyectos en estudio, no cuentan con una copia digital y deberán ser presentados de nuevo. En cuanto a los incendios, el ministro indicó que “un accidente ocurre”.
La situación ha generado indignación de la ciudadanía. La exministra, Soledad Núñez, como conocedora de las oficinas, consideró que es llamativo el incendio y justo en un programa emblema de la institución.
Por otra parte, Durand ha demostrado una actitud hostil con los trabajadores de prensa, en particular con los periodistas de ABC. La última ocasión fue en la conferencia de prensa hecha en su ministerio, en el cual permitió hostigamiento de los representantes de los SATS, quienes actuaron como hurreros impidiendo el trabajo de los comunicadores, hecho que fue denunciado por el sindicato. El ministro acusa de que existen intereses personales, ya que la periodista responsable de las publicaciones es hija de una exfuncionaria, sin embargo, evitó mencionar que la misma fue desvinculada de la institución hace más de 20 años con el cierre del Consejo Nacional de la Vivienda (Conavi), entre otros calificativos.
El ministro se abocó en una “cacería de brujas” para identificar los funcionarios que supuestamente facilitan información a la prensa, calificándolos de “Judas”, siendo que las informaciones obtenidas a través del portal de Acceso a la Información Pública, expediente N° 32.734 y 33.303.
Durand usó de excusa la pandemia para la flexibilización de los requisitos técnicos y sociales sin establecer los paramétros para aplicar en los mismos. Estos elementos son clave para la aprobación de proyectos y de los desembolsos.