González Macchi afirmó esto el viernes pasado, poco después de conocerse las exigencias del EPP para liberar a Adelio Mendoza y a Óscar Denis. A cambio, entre los puntos que pidieron figura la liberación de Alcides Oviedo Brítez y de Carmen Villalba, que están presos con altas condenas por ser parte del primer anillo y fundadores del grupo criminal.
“Es verdad, y lo puedo decir públicamente porque inclusive me preguntaron si es que yo estaría en posición de poder comentar mi parecer, porque creo que no fui el único que fue convocado, comunicado, para darle un parecer. Me tomé unos 20 minutos para leer la Constitución que es categórica, desde mi punto de vista, en impedir que el Gobierno, alias el Poder Ejecutivo, alias el presidente de la República, pueda ni disponer la liberación de presos condenados ni disponer de erogaciones económicas en dinero para cualquier efecto”, sostuvo González Macchi.
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El abogado dijo que se comunicaron con él desde Asesoría Jurídica del Ejecutivo y que entendió que en la reunión estaba Cecilia Pérez, ministra de Justicia. “Desde la Asesoría Jurídica me llamaron a preguntar (...) Tengo un compañero de facultad, muy conocido, y entre otras personas conocidas. A mí me preguntaron la parte penal, pero también de la Constitucional. No se puede”, insistió.
Para el abogado, la liberación de presos podría constituir un delito y hasta causal de un juicio político porque el Ejecutivo se inmiscuiría en otro poder del Estado; en este caso, el Judicial.
“Categóricamente le dije que no se puede hacer ese tipo de pretensiones, más allá de las cuestiones políticas, más allá de las cuestiones morales y éticas que cada ciudadano tenga. Por un lado, podría ser hasta un delito, un hecho punible, la liberación de presos y podría ser causal de juicio político inmiscuirse en cuestiones de otros poderes”, argumentó.
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Finalmente, González Macchi dijo que entiende que esto no fue hecho pensando en liberar a Villalba u Oviedo Brítez, sino “para fortalecer su opinión o posición con respecto a por qué el Estado no puede hacer esto”.
La ministra de Justicia publicó ese mismo día en su cuenta de Twitter que nunca conversó con González Macchi. “Aclaro que no conversé respecto a este tema con ningún jurista. Las opiniones y criterios jurídicos ante tan delicada situación existen y corresponden sean consideradas y respetadas desde el punto de vista de cada profesional del derecho como propia”, afirmó.
El viernes pasado, el EPP exigió, además de la liberación de sus líderes, la entrega de víveres a 50 comunidades del interior del país por valor de US$ 50.000 a cada una, totalizando US$ 2 millones. Además, querían que se divulgue un video de 18 minutos de duración de propaganda del grupo criminal.