Piden criterio analítico y no político en definición sobre ley de preferencia

Desde el Centro de Importadores del Paraguay (CIP) esperan que prime el criterio analítico y no político, sobre la definición de ley de preferencia a industriales, que ahora queda en cancha de la Cámara de Diputados.

Senadores rechazó en su última sesión el veto del Ejecutivo a la Ley que aumenta la preferencia del 20% al 40% a la industria nacionalArchivo, ABC Color
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Neri Giménez, titular del CIP lamentó la decisión del Senado de rechazar el veto del Ejecutivo a la ley que establece el aumento del 20% al 40% de preferencia de las industrias locales en las compras públicas. Si Diputados también rechaza el veto, la norma entrará en vigencia.

“Desde el CIP esperamos que en la cámara de diputados prime un criterio analítico y no lo político para el tratamiento de esta ley que requiere de un análisis más amplio para no castigar a un sector muy dinámico, justo en un momento crítico que estamos pasando por la pandemia”, sostuvo el empresario importador.

Esta propuesta legislativa enfrentó a dos gremios empresariales en sus posturas; por un lado, el de la Unión Industrial Paraguay (UIP) que aboga por la vigencia de la norma con el fin de incentivar las industrias nacionales y el empleo. Por otra parte, el Centro de Importadores que cuestiona la norma porque viola principios constitucionales al dar preferencia a un sector económico donde no todos se beneficiarán, en detrimento de un importante grupo que mueve la economía.

"Categóricamente es una ley que va a traer un desequilibrio en el criterio de libre competencia. Además que va contra de los principios de austeridad para cumplimiento de la regla fiscal, ya que implicará mayor gasto al Estado, afirmó.

En sesión ordinaria del jueves último, unos 23 senadores votaron por el rechazo de la objeción del Ejecutivo a la legislación que modifica el artículo 2º de la Ley 4558/11, que establece mecanismos de apoyo a la producción y empleo nacional, a través de los procesos de contrataciones públicas.

Ahora la definición está en la Cámara Baja, donde se requerirá de una mayoría (41 votos) para el rechazo del veto, con lo cual la Ley entraría en vigencia. Desde el CIP abogan por un análisis técnico y equilibrado que permita rever esta postura en esta última vuelta.

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