La Cámara de Apelaciones integrada por Emiliano Rolón Fernández, Arnulfo Arias y Óscar Rodríguez Kennedy decidieron rechazar la apelación a las medidas impuestas por Lovera, que dictó como medidas para el político la restricción de cambiar de domicilio y una fianza real de G. 150 millones, lo cual Alegre adelantó que no cumplirá, ya que considera ilegal su imputación.
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Cabe recordar que la misma Cámara de Apelaciones ya rechazó una impugnación contra la imputación. La defensa de Alegre sostiene que la imputación no tiene sentido, puesto que se le atribuyen responsabilidades por facturas que el político no pudo haber firmado, ya que era candidato.
Las facturas supuestamente fraguadas son las que corresponden a la campaña del PLRA en Ciudad del Este. De mantenerse en en su postura, Alegre podría ir a prisión.